La abogacía del Estado pide la mitad de años de cárcel para Junqueras: 12

La Abogacía del Estado solicita 12 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, según el escrito remitido este viernes al Tribunal Supremo. De este modo, los servicios jurídicos del Estado se desmarcan de la postura que hasta este momento habían mantenido de adhesión a los criterios de la Fiscalía, que acusa por rebelión, y solicita penas que suponen rebajar a la mitad lo reclamado por el Ministerio Público.

La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, no ve en lo ocurrido durante los meses de septiembre y octubre del pasado año en Cataluña el requisito de violencia necesaria para poder calificar los hechos de rebelión.

Por ello, para los exconsejeros Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), los Servicios Jurídicos del Estado también les acusan de sedición y malversación, pero a diferencia de Junqueras solicita para ellos 11 años y medio de prisión.

En cuanto a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la abogada del Estado pide 10 años de cárcel por un delito de sedición, el mismo que atribuye a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, para los que se solicitan 8 años de prisión. Un año menos, 7, es lo que se reclama para los exconsejeros Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa) por malversación y desobediencia grave.

El exvicepresidente de la Cámara Lluís Maria Corominas y su sustituto Lluís Guinó, así como los antiguos miembros de la Mesa Anna Simó y Ramona Barrufet, se enfrentarán a peticiones de multa de 10 meses e inhabilitación para empleo o cargo público de un año y ocho meses por presunta desobediencia grave.

El mismo delito se achaca al exsecretario tercero de ese órgano, Joan Josep Nuet, y a la expresidenta del grupo de la CUP, Mireia Boya. Sin embargo, en estos dos últimos casos, las condenas reclamadas se reducen a multa de ocho meses y un año y cuatro meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

El documento consignado por los Servicios Jurídicos del Estado en el alto tribunal distingue entre tres tipos de procesados. En primer lugar se encuentran los antiguos miembros del Gobierno de la Generalitat, que a juicio de esta acusación jugaron "el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias" para realizar el referéndum ilegal del 1 de octubre. A seis de ellos --el exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconsejero de Interior Joaquim Forn, el de Presidencia Jordi Turull, Raül Romeva (Asuntos Exteriores), Josep Rull (Territorio) y Dolors Bassa (Trabajo)-- se les acusa de sedición y malversación.

Ambos delitos se aprecian en concurso medial, es decir que, según el abogado del Estado, la presunta malversación --el desvío de fondos públicos para fines ilegales-- fue el medio necesario para cometer el delito más grave del que les acusa, el de sedición, consistente en alzarse "pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes" o el cumplimiento de "resoluciones administrativas o judiciales".

La ministra de Justicia dice que no ha habido gestos

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha negado este viernes que la Abogacía General del Estado haya hecho "gestos" al independentismo con su decisión de no acusar de rebelión, sino solo de sedición y malversación, a los promotores del referéndum independentista del 1-O, y ha hecho hincapié en que sus criterios han sido exclusivamente jurídicos.

"No es una cuestión de gestos, es una cuestión jurídica de valoración de los hechos y de aplicación del Código Penal bajo criterios estrictamente profesionales", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Delgado ha alegado que, precisamente, ha habido mucho debate entre expertos jurídicos sobre los delitos de rebelión, sedición y desobediencia grave y que la Abogacía ha actuado solo "desde la profesionalidad". "No se trata de gestos", ha remachado.

Así, no ha querido valorar si esta toma de posición de la Abogacía puede ayudar a que los partidos independentistas apoyen en el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez.

"Que sirva o no sirva, no tengo ni idea. De lo que estamos hablando en este momento es de una fase procesal que se inicia", ha dicho Delgado que, además, ha señalado en varias ocasiones que las conclusiones que ha presentado este viernes la Abogacía son provisionales.

Calvo justifica que Sánchez dijo lo que dijo cuando no era presidente

Pedro Sánchez defendió que hubo un delito de rebelión en Cataluña cuando tan sólo era líder de la oposición y "nunca" ha expresado esta opinión siendo presidente del Gobierno, ha argumentado este viernes la vicepresidenta, Carmen Calvo, para intentar sostener que no se ha producido ningún giro del Gobierno a este respecto después de que la Abogacía del Estado haya descartado acusar a los líderes del 'procés' de rebelión, y sólo por sedición y malversación de fondos públicos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Calvo ha provocado una primera reacción de sorpresa entre los periodistas al asegurar que el presidente del Gobierno "nunca" ha opinado que los hechos ocurridos hace un año en Cataluña constituyesen un delito de rebelión. La 'número dos' ha explicado que, cuando Sánchez dijo en una entrevista en televisión que "clarísimamente" en Cataluña se produjo un delito de "rebelión", él era el líder del PSOE y no el jefe del Ejecutivo.

Esa entrevista se grabó el 17 de mayo pasado, apenas unas semanas antes de la moción de censura que desalojó al Gobierno de Mariano Rajoy de La Moncloa, y cuando el PSOE, hundido en las encuestas, estaba endureciendo su lenguaje con respecto a Cataluña lanzando propuestas como la de modificar el Código Penal para adecuar el delito de rebelión a los tiempos que corren y que deje de estar vinculado a levantamientos militares o imponer a todos los altos cargos que acaten la Constitución en sus tomas de posesión. De nota, Calvo.