Continúa la partida de pimpón: Batet pide un informe jurídico y retrasa la decisión sobre los diputados presos
El Supremo insiste en que la Mesa debe decidir
La oposición insiste en suspender a los diputados presos ya
Pablo Casado ha amenazado con denunciar a Batet por prevaricación
Con la oposición ejerciendo una férrea presión sobre la nueva presidenta del Congreso de los Diputados, y el Supremo, por su parte, insistiendo en que es la Mesa del Congreso quien debe decidir sobre la suspensión de los diputados presos, continúa la partida de pimpón entre idas y venidas de acusaciones cruzadas. La incómoda cuestión vuelve a Meritxell Batet mientras desde el PP, a través de su líder, Pablo Casado, advierten que la denunciarán por prevaricación y desobediencia en los tribunales si no suspende ya a los “presos golpistas”.
Casado advierte que la denunciará por prevaricación
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Casado avisa a Batet que la denunciará por prevaricación en los tribunales si no suspende ya a los presos "golpistas"
“El PP ejercerá las acciones legales oportunas para que quede muy claro que la señora Batet está cometiendo un delito de prevaricación, porque está haciendo un acto que no es base a derecho a sabiendas, está yendo contra la ley en vigor a sabiendas", ha dicho.
La Mesa solicita un informe jurídico
Entre tanto, La Mesa del Congreso, con apoyo del PSOE y de Unidas Podemos, ha decidido solicitar un informe a los servicios jurídicos de la Cámara sobre la posible suspensión de los cuatro diputados que están en prisión preventiva por el referéndum ilegal del 1 de octubre, –Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull–, y volverá a reunirse mañana para resolver la cuestión definitiva.
Como el PP, Ciudadanos y Vox habían pedido a la Mesa que suspendiesen automáticamente a los cuatro diputados independentistas, esgrimiendo que el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso establece la suspensión en funciones de aquellos parlamentarios en situación de prisión preventiva.
Sin embargo, Batet consultó al Supremo sobre otra posible vía de suspensión, la del artículo 38.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que ordena la suspensión del cargo público en caso de procesamiento por delito de rebelión y que fue empleada por el juez Pablo Llarena cuando los afectados eran diputados del Parlament. Pero el Alto Tribunal consideró "inviable" pronunciarse en medio del juicio del procés e insistió en la opción del Reglamento.
Batet justifica su decisión
Ante los reproches de PP y Ciudadanos, que ven innecesario el encargo de la Mesa al solicitar dicho informe jurídico, Batet ha justificado: “el objetivo de la Mesa y de esta Presidencia es preservar el sistema constitucional y garantizar que las decisiones que se tomen respondan estrictamente al Estado de Derecho y con la máxima garantías jurídicas”.
De ese modo, busca dejar claro que la decisión que se tome tenga “fundamentos jurídicos sólidos” y “garantías” para “que no pueda ser calificada como una decisión política”.
“No tenemos voluntad de retrasar esta decisión”
Meritxell Batet, pese a que desde Unidas Podemos eran partidarios de dar tiempo a los abogados y esperar a la próxima semana, ha convocado una nueva reunión de la Mesa este viernes para decidir.
"Como no tenemos ninguna voluntad de retrasar esta decisión, que es sustancial, hemos decidido convocar una Mesa mañana mismo con el informe en la mano para tomar una decisión definitiva", ha recalcado.
De acuerdo a fuentes parlamentarias, el informe de los letrados confirmará que tanto la vía de la LECrim como las del Reglamento son "concurrentes" y, por tanto, permiten llevar a cabo la suspensión de los diputados en prisión preventiva. Por ello, todo apunta a que los cuatro diputados quedarán en suspenso desde el lunes.