La doble muerte de Alba y Elena: sin ayudas a sus familias por no ser víctimas de violencia de género

Un hombre de 41 años ha matado presuntamente a su exmujer, de 39 años, en el municipio de Valga, Pontevedra, un crimen tras el que el número de asesinadas a manos de sus parejas o exparejas aumentan a 41 en lo que va de año y a 1.016 desde 2003, año en que comenzaron a realizarse estadísticas oficiales.

Pero el presunto agresor también ha acabado con la vida de la madre y a la hermana de su exmujer, su exsuegra y su excuñada, aunque estas dos víctimas no se contabilizan en el registro oficial que elabora la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género la define como aquella que sufren las mujeres por parte "de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia". En 2013, los hijos e hijas también fueron reconocidos como víctimas directas de violencia de género y, por ello, comenzaron a contabilizarse.

Sin embargo, otras víctimas colaterales de este tipo de violencia no están contabilizadas en ningún registro o estadística oficial. Si las contempla 'Feminicidio.net' en su recuento paralelo, no oficial, titulado 'Listado de feminicidios y otros asesinatos de mujeres cometidos por hombres en España en 2019' y que contabiliza un total de 73, sumadas las últimas víctimas del crimen de Valga.

En él, además de las 41 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año, aparecen otras tres víctimas 'no oficiales'. Una de ellas es la víctima del caso que el Gobierno mantiene en investigación en su estadística, y que de momento no se suma a las víctimas, que se corresponde con el crimen de Ayamonte (Huelva), donde una pareja fue localizada el pasado mes de junio sin vida y con signos de violencia.

Asimismo, según esta estadística no oficial, en 2019 se han registrado 14 'feminicidios familiares'. Precisamente en este apartado se han añadido este lunes los nombres de la madre y hermana de la mujer asesinada por su exmarido en Valga, Pontevedra, de 27 y 59 años, respectivamente. Ángeles Jaime de Pablo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, ha apuntado que "está claro" que son víctimas de un crimen sexista, por razón de género y de la violencia machista, aunque no sean reconocidas de forma oficial.

De hecho, sostiene que existe la posibilidad de aplicar la agravante de género en estos dos casos. Según ha afirmado, a pesar de que son víctimas sin relación de pareja o expareja con su presunto agresor, éste sí ha actuado "con motivación específicamente de discriminación y de castigar a estas mujeres", por ejemplo, por apoyar a la exmujer, hermana e hija de las asesinadas.

En cualquier caso, Jaime de Pablo ha apuntado que será un Juzgado de Violencia contra la Mujer el que investigue, instruya y enjuicie este "espeluznante" crimen porque los hechos han ocurrido simultáneamente. Aunque según la legislación actual este juzgado solo sería competente para llevar el caso de la exmujer, la abogada ha señalado que "no se puede enjuiciar por separado hechos que han sucedido simultáneamente", ha explicado. Desde su experiencia como abogada, según ha incidido, así ha sucedido en otras ocasiones y en casos que ella ha llevado. Y también sucedería en aquellos en los que el agresor no llega a consumar el asesinato contra su pareja o expareja, pero sí consigue matar a otros familiares.

Este fue el caso, añadido entre el listado de 'feminicidios familiares' de 'Feminicidio.net', de dos jóvenes, de 23 y 35 años, que fueron asesinadas el pasado mes de junio tras ser disparadas por la expareja de su hermana en una vivienda en Aranjuez (Madrid). Además de disparar contra sus cuñadas, el presunto agresor también disparó a su suegra, aunque no acabó con su vida. Su exmujer no estaba en el escenario del crimen cuando comenzaron a disparar su exmarido, que estaba en busca y captura y recién divorciado.

En cualquier caso, ninguna de ellas están oficialmente reconocidas como víctimas mortales de la violencia de género. España todavía no ha realizado la transposición legislativa del Convenio de Estambul, que ratificó en 2014, y que amplía los casos considerados como asesinatos por violencia machista, los cometidos contra las mujeres, y que actualmente quedan fuera de toda estadística oficiales.

En esta línea, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017, contempla el seguimiento estadístico de todos los tipos de violencia sobre las mujeres, incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio de Estambul. Si bien, esta medida no se desarrollado por el momento.

Hace unos meses, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ya avanzó que está trabajando en la recogida de datos estadísticos de los casos de asesinatos y homicidios de mujeres fuera del ámbito sentimental, tras el crimen de Laura Luelmo, la profesora que fue asesinada por un hombre en Campillo (Huelva) en diciembre de 2018. Los asesinatos machistas perpetrados por desconocidos, sí están reconocidos en el Convenio de Estambul, sin embargo, estas víctimas tampoco forman parte de la estadística oficial.

Joaquín Tagar, el promotor del Fondo de Becas Soledad Cazorla, que ofrece ayuda a familiares e hijos de mujeres asesinadas por violencia de género, celebró el pasado mes de febrero la aprobación definitiva de la subida de la pensión de orfandad de los hijos de las víctimas, que pasará de los 140 euros a un mínimo de 600 euros.

"Todos los huérfanos y familias con las que tenemos contacto están encantados de la aprobación de esta ley, que era algo absolutamente justo", señaló Joaquín Tagar, viudo de la primera mujer Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla Prieto.

El Fondo de Becas fue creado hace ya tres años, el 19 de febrero de 2016, impulsado por Tagar y gestionado por Fundación Mujeres. Se nutre del apoyo solidario individual y de empresas, sin ayudas públicas, y desde su creación ha tramitado ayudas por valor de más de 61.000 euros.

La iniciativa lleva años promoviendo la necesidad de que el Estado garantice ayudas para la reparación del daño a estos hijos de las asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Según ha recalcado Tagar, "ha costado dos años" que esto se haga posible.