El Juzgado de Instrucción 8 de Granada ha acordado la apertura de juicio oral contra el juez jubilado Manuel Piñar, que fue titular del Penal 1 de Granada y condenó a Juana Rivas por sustracción de menores, acusado de un delito continuado de odio por comentarios en sus redes sociales.

El auto del juzgado instructor, al que ha tenido acceso 'EFE', ha ordenado la apertura de juicio oral, que se celebrará en un Juzgado de lo Penal, contra Piñar, ya jubilado.

Lo ha hecho atendiendo a la petición de la acusación particular que ejerce la Asociación para la Erradicación de la Violencia de Género Institucional vinculada al abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, ya que la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional de la causa.

Piñar ya declaró en febrero de 2024 por estas acusaciones y negó ser el autor de las publicaciones en la red social Facebook por las que se le investiga como responsable de un delito continuado de odio después de que la Audiencia de Granada ordenara reabrir la causa. Lo hizo al estimar el recurso interpuesto en 2023 por la Fiscalía y, de manera parcial, el del abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, que se adhirió al escrito de la Fiscalía.

La Audiencia emitió entonces un auto en el que ordenó incoar diligencias previas e investigar la posible comisión de delitos de odio como había pedido la Fiscalía, que solicitó que se acredite la autoría de ciertos comentarios publicados en el perfil del magistrado en la red social Facebook.

Piñar se enfrenta a cargos por un delito continuado de odio por incluir en sus publicaciones "expresiones que se refieren de forma despectiva" a ciertos grupos étnicos o razas, ya que habla de "gitanos, negros, moros, chinos", según los autos de la causa consultados por EFE.

El despacho Aránguez Abogados ha reaccionado a la apertura del juicio y ha recalcado que Piñar se enfrenta a una petición de 18 meses de cárcel por comentarios racistas publicados desde 2022. Según el letrado Carlos Aránguez, la apertura del juicio coloca al juez en una "posición delicada" al cuestionar su imparcialidad e idoneidad en el ejercicio de las altas responsabilidades que ha asumido durante su carrera.

La acusación particular, representada por Aránguez Abogados, ha considerado que el conjunto de estas publicaciones en redes sociales supone un delito continuado de odio por el que ha pedido también una multa e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. El despacho presentará pruebas y ha solicitado la declaración de Carlos Aránguez, de seguidores del magistrado, actas notariales y grabaciones audiovisuales. 

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