Detectives privados para vigilar a empleados de las ITV en Andalucía: "Es un sinsentido"
La Junta de Andalucía pretende contratar detectives privados que investiguen a trabajadores de baja
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SevillaLa empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía (VEIASA), encargada de la gestión de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV), ha sacado a concurso un contrato por valor de 242.000 euros para la contratación de detectives privados que investiguen posibles fraudes en las bajas laborales de su plantilla.
El contrato, que tendrá una duración de 48 meses, se divide en dos lotes: uno para Andalucía Occidental, que abarca las provincias de Córdoba y Sevilla, y otro para Andalucía Oriental, con Málaga, Jaén, Granada y Almería.
Según se detalla en la documentación de la licitación, el objeto es la prestación del “servicio de recopilación de información relativa a posibles ausencias de personas a sus puestos de trabajo injustificadas, justificadas indebidamente y/u otras situaciones fraudulentas”.
Qué harán los detectives
La adjudicataria deberá realizar un seguimiento de los empleados en situación de incapacidad temporal o permanente para comprobar si realmente cumplen con las dolencias alegadas. Esto incluye observar su vida cotidiana, vigilar si realizan otras actividades laborales incompatibles con la baja, recopilar documentación y material videográfico, y elaborar informes que podrían acabar en sede judicial o administrativa.
Desde la memoria justificativa del contrato se argumenta la necesidad de contar con “empresas especializadas en seguimiento de personas y análisis de documentación que recopilen cuanta información sea necesaria para determinar si existe fraude en la causa de la ausencia del trabajador afectado”.
Críticas sindicales
La medida ha generado rechazo entre los trabajadores. El coordinador regional de UGT-FICA Veiasa, Romualdo Barcala Pecci, ha calificado la decisión como “un sinsentido”.
“Nos encontramos aún sin firmar el convenio desde 2017 por el tema del incremento de masa salarial. La gente no se puede prejubilar, no se puede hacer contratación indefinida, no se puede promocionar… pero esto sí se puede hacer en una empresa pública”, denuncia Barcala.
Desde el sindicato se considera que el gasto debería destinarse a mejorar la situación laboral de la plantilla. “Seguro que se solucionaría dando mejores condiciones a los trabajadores y mayor estabilidad, y no teniendo a tanta gente con contratos temporales y sin un futuro cierto”, añade el representante sindical.