El limbo de los vecinos de un edificio de Granada que compraron su casas y hoy temen perderlas: un fondo reclama el desalojo de la familias

Una treintena de familias de Pulianas, muncipio del área metropolitana de Granada, viven desde hace años instaladas en la incertidumbre. Hace más de una década compraron sus casas -o eso creían-, las pagaron, tienen las llaves y llevan desde entonces viviendo en ellas.

Sin embargo, un fondo de inversión reclama ahora la posesión de los inmuebles y temen quedarse en la calle. Los afectados prefieren mantener su identidad en el anonimato por miedo a que su situación empeore. El caso lo explica al diario 'Ideal' el abogado José Salto Masáts, del bufete Jardo y Sola, que representa a una parte de los residentes del edificio.

Según su relato, en 2006 la promotora del edificio firmó un préstamo bancario para financiar la construcción poniendo como aval una hipoteca sobre la totalidad del inmueble. A partir de 2010, los vecinos comenzaron a firmar los contratos de compraventa con esa misma promotora, realizando pagos a cuenta. Recibieron las llaves para entrar a vivir, las licencias correspondientes y dieron de alta los suministros del agua y de la luz.

Todo empezó a complicarse cuando la promotora entró en bancarrota y quebró antes de haber firmado las escrituras públicas. Hasta ese momento, todo parecía normal y durante años siguieron sus vidas. Hasta que el banco acreedor inició una ejecución hipotecaria contra los promotores y terminó adjudicándose la propiedad del edificio en subasta.

Primer intento de desalojo

En 2018, vino el primer intento de la entidad acreedora de echar a los moradores de sus viviendas mediante un desalojo exprés. Entonces, los afectados se defendieron en el juzgado aportando sus contratos de compraventa, los recibos de pago y las facturas de los suministros. El juez denegó el desalojo y reconoció que los compradores habían actuado de buena fe, que residían allí desde antes de la ejecución hipotecaria y que contaban con un título legítimo.

Pero el conflicto no terminó ahí. En 2022 el banco vendió una cartera de inmuebles a un fondo de inversión dedicado al alquiler y la gestión de operaciones inmobiliarias. Y en 2024, esa sociedad reclamó la posesión de las 54 fincas afectadas. Su argumento es que figura como titular inscrito en el Registro de la Propiedad, la hipoteca de 2006 es prioritaria y que los contratos privados de los vecinos no están inscritos.

Los abogados de los compradores sostienen que sus clientes son poseedores legítimos y acusan al fondo de actuar con mala fe al adquirir unos activos siendo plenamente conscientes de la situación en la que se encontraban estas familias. El asunto está ya en manos del Juzgado de Primera Instancia número 17 de Granada, en la sección civil, según detalla Masáts.

Pisos pagados

Mientras la Justicia resuelve el asunto, los vecinos intentan seguir con sus rutinas, pero con la sensación de vivir en una espera de incertidumbre total. Los afectados explican que crían tener los pisos en propiedad después de haber llegado a entregar 30.000 euros, algunos incluso algunos mucho más por sus casas.

Todos ellos aseguran que siguen pagando los gastos por el consumo de agua y electricidad, así como los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y las cuotas de la comunidad de propietarios.

Entre los residentes hay menores y personas en situación de vulnerabilidad y el desgaste emocional es evidente. “Tengo depresión. Ni duermo. No puedo dejar de pensar que me van a echar de mi casa”, confiesa uno de ellos.

Y es que el problema de la vivienda no solo traspasa los muros de quienes aspiran a ser propietarios algún día y no pueden. También se ceba con aquellos que lo consiguieron pero descubren que, aún habiendo invertido su esfuerzo y sus ahorros, la casa no era del todo suya.