Residencias

La situación de cuatro grandes dependientes de una residencia madrileña, en riesgo de desahucio

La situación de cuatro grandes dependientes de una residencia madrileña, en riesgo de desahucio
Los afectados tienen un mes para dejar la residencia y no tienen solución habitacional. Informativos Telecinco
  • La residencia Casaverde, situada en el municipio madrileño de Navalvarmero, reclama sus plazas privadas para el concierto con la Comunidad de Madrid

  • Hay 60.000 personas en la lista de espera de las residencias, en España

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Silvia y Eva han acudido a la manifestación de Marea de Residencias. Quedamos con ellas en la Puerta del Sol, ante la sede de la Comunidad de Madrid. Carlos, el marido de Silvia, y Ana, la hermana de Eva, son grandes dependientes. La vida les pasó por encima un día y, desde entonces, sus familias se esfuerzan porque estén bien cuidados.

Carlos y Ana, en riesgo de desahucio

Carlos, de 51 años, era taxista, tuvo un accidente de tráfico y ahora necesita apoyo para todo, tiene más de un 80% de discapacidad, va en silla de ruedas y un daño cerebral grave. Afortunadamente, explica Silvia, él no es consciente de su situación. Pero ella sí y está muy angustiada. Ana, la hermana de Eva, sufrió un infarto fulminante, sobrevivió, tiene 52 años, pero ella nunca ha vuelto del todo, tiene, también, un daño cerebral grave. Eva expresa su preocupación en cada gesto, a la vez que trata de calmar a Silvia, porque Carlos y Ana están en riesgo de desahucio.

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Un mes de plazo para marcharse de Casaverde

Ahora Casaverde, la residencia en la que habitan desde hace años ha comunicado a sus familiares que tienen un mes de plazo para marcharse. El nuevo convenio de la Comunidad de Madrid, concede más plazas concertadas públicas a Casaverde, así que las que ocupan Carlos y Ana (que son privadas porque aún no han conseguido una plaza pública) son, según la residencia, necesarias para aplicar este concierto.

Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, insiste en que esto es una ilegalidad, porque el contrato que las familias han firmado con la residencia está en vigor, han pagado con regularidad y no se da ninguna circunstancia para extinguirlo. Mientras desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales explican que las plazas concertadas no pueden ser para cubrir plazas que ya existen y están ocupadas. “No se puede sacar a una persona que ya está siendo atendida, para que entre otra”, asegura Álvaro Revilla, portavoz de la Asociación. Marea de Residencias ha presentado sendos escritos a la residencia Casaverde y a la Comunidad de Madrid, pero, hasta el momento, no ha obtenido respuesta.

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De esta manera, Siliva y Eva suman al duelo de haber perdido la vida que tenían con su marido y con su hermana, el dolor que produce sentirse responsables de una situación que no han creado ellos y la dificultad enorme que afrontan para que sus seres queridos estén bien atendidos y cuidados.

Emilio y Sara, otras dos personas en riesgo

No son los dos únicos casos que hemos conocido en esta residencia, Emilio, de 97 años, y Sara, de 42, son también residentes de Casaverde. Sus familiares Pedro y José Luis han recibido la misma comunicación, ocupan también plazas privadas, porque no han conseguido una pública. Sara tiene una enfermedad que la convierte en gran dependiente. Emilio, simplemente es mayor, lo que le lleva a tener también una gran dependencia.

En todos los casos dejar la residencia supone ir en busca de otro recurso que siempre es más caro, como ocurre con la vivienda cuando se termina el contrato del alquiler. Ellos lo comparan, porque la residencia es el hogar de sus familiares, aunque su contrato no haya vencido, les instan a marcharse. Y no pueden, todo lo que encuentran es mucho más caro y no se lo pueden permitir.

Los cuatro pagan alrededor de 3.000 euros al mes y, en todos estos años, no han fallado nunca. Porque es imposible fallar al marido, el padre, la sobrina o la hermana. Pero la angustia que vemos retratada en la cara de Silvia, en sus ojos, en lo que nos cuenta, está en tratamiento psiquiátrico, tiene que sacar adelante a su hijo, que quiere y debe estudiar, nos enseña lo más feo de un sistema de dependencia cojo, que no protege, ni cuida como debería.

A pesar de que desde el Gobierno central ha duplicado la inversión, un dinero que aún no han aterrizado las comunidades autónomas, responsables últimas de aplicar la Ley de Dependencia. Un derecho de las personas dependientes a ser cuidadas, que no se cumple.

Al final, son las familias, las que se afanan, con más o menos esfuerzo según su situación económica, se desviven, porque ellos, sus personas dependientes, estén bien cuidados. Por llevar a la práctica lo que está escrito en la Ley y es responsabilidad de las administraciones públicas.

En España, hay 60.000 personas en la lista de espera de las residencias.