La nueva ley catalana del taxi declara la guerra a las VTC

Los grupos de PSC, ERC, Junts, Comuns y CUP en el Parlament han registrado este jueves en la cámara la proposición de ley del taxi que, tal y como está planteada, expulsará de facto a los VTC del área metropolitana de Barcelona.

La proposición, que se basa en la propuesta elaborada por el Govern bajo la denominación de Ley del transporte de personas en vehículos de hasta 9 plazas, restringe al máximo la actividad de las VTC al prohibir que realicen trayectos urbanos o servicios al vuelo, que quedarán reservados para los taxis.

Reducción drástica de VTC

La ley implicará la reducción drástica de VTC cuyas licencias que usan Uber o Cabify, que podrían extinguirse o reordenarse. Por ejemplo, en el Área Metropolitana de Barcelona se estima que podrían desaparecer unas 600 VTC con licencia urbana bajo este nuevo modelo.

Se establecerá un plazo mínimo de precontratación para los servicios de VTC urbanos, lo que limitará su capacidad de respuesta inmediata. El texto establece que los VTC solo podrán realizar trayectos entre diferentes municipios, quedando vetada su participación en el transporte urbano.

Para ello introduce dos requisitos clave: la obligación de contratar el servicio con un mínimo de dos horas de antelación y de garantizar que la duración del viaje sea de al menos una hora. De este modo, plataformas como Uber o Cabify quedarían relegadas a traslados de carácter excepcional, pensados principalmente para viajes corporativos, eventos o desplazamientos de larga distancia.

No estarán disponibles para un simple trayecto corto urbano. No podrán captar clientes en la calle, ya que deberán estar aparcados en un garaje y una vez prestado el servicio, volver a su base.

Los VTC se declaran servicios complementarios, y podrán seguir marcando sus tarifas y elegir a los clientes. La ley los deriva a los servicios interurbanos y pasarán a denominarse Vehículos de Alta Disposición. 

A la hora de autorizar nuevos permisos se priorizará el taxi y si se precisan nuevas VTC se les otorgará solo autorizaciones cortas (de dos años), que no se renovarán automáticamente, no serán transmisibles e irán desapareciendo a medida que vayan expirando.

Además de estas limitaciones, la Generalitat de Cataluña se reserva la capacidad de no renovar las licencias si consideran que no cumplen con criterios ecológicos o medioambientales.

El texto inicial de la nueva ley del taxi de Catalunya se ha registrado en el Parlament, lo que representa el punto de partida de su tramitación parlamentaria para que pueda entrar en vigor, si todo va según lo previsto, en 2026.

La nueva normativa pretende ordenar el sector y establecer funciones en cada tipo de servicio: taxis, vehículos de transporte con conductor (VTC), limusinas y los vehículos de Alta Disposición, una nueva modalidad con una función similar a los VTC clásicos.

El taxi no podrá rechazar pasajeros

La ley da mucho más peso al taxi, considerándolo un servicio estructural para complementar el transporte público, con un régimen tarifario oficial fijado por las administraciones competentes y con la obligación de no rechazar el servicio excepto por motivos justificados.

El taxi deberá asegurar una cobertura mínima establecida en las distintas franjas horarias y también en el territorio. En casos de necesidad o emergencia, el taxi se deberá poner a disposición de la administración y los ciudadanos.

Por contra, la nueva normativa comportará la desaparición progresiva de los VTC al no renovar las licencias que irán caducando y solo otorgar nuevos permisos temporales en caso de que los taxistas no puedan atender la demanda de los usuarios.

El texto establece un periodo de un año para que todos los vehículos tengan instalados un dispositivo de geolocalización que transmitirá datos sobre toda la actividad (posición, trayectos, contratación) a una plataforma que gestionará la administración catalana. El objetivo es controlar toda la actividad, marcar dónde y cuándo hay demanda no cubierta y detectar infracciones a distancia.

La ley es contundente con las malas praxis: establece multas que van hasta los 6.000 euros y suspensión o retirada de licencia por circular sin autorización o falsificar documentos; y de hasta 4.000 por captar clientes sin precontratación, no comunicar servicios o incumplir los requerimientos técnicos.

Unauto VTC dice que la ley blinda el monopolio del taxi y provocará despidos

Unauto VTC ha asegurado que la futura ley catalana del taxi blinda "al monopolio del taxi" y que provocará más paro y menos movilidad, en un comunicado ese jueves. Unauto ha señalado que la proposición de ley es "profundamente antisocial" y que, textualmente, resulta radicalmente contraria al interés general. "Expulsar del mercado a las VTC va en contra del interés general de los ciudadanos de Catalunya y de Barcelona, que son nuevamente rehenes de los intereses del taxi", ha añadido la entidad.

La asociación ha criticado a los partidos "autodenominados progresistas" y ha dicho, literalmente, que es bochornoso presentar una iniciativa que destruirá, según ellos, miles de puestos de trabajo.

Los taxistas aplauden una ley "pionera en el mundo"

En la rueda de prensa también ha participado el portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, que ha celebrado que se trata de una ley "pionera en todo el mundo" que se ha logrado gracias a las movilizaciones constantes de los taxistas y al diálogo con los grupos parlamentarios. Asimismo, ha defendido que no quiere que nadie se quede sin trabajo, al contrario, sino que aboga por que los conductores de VTC se conviertan en taxistas y trabajen bajo la misma regulación en un sector que ha definido como "digno", seguro y que respeta las condiciones laborales.

Ante la ausencia de PP, Vox y Aliança Catalana en el registro de la ley, Álvarez ha criticado que PP y Vox son enemigos del taxi: "Solo hay que ir a Madrid y ver la selva que hay ahí", ha dicho en referencia a las políticas hacia el sector implementadas por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la ciudad.

Exigir el catalán levanta recelos

Pese al consenso generalizado sobre la normativa, una de las medidas que despierta discrepancias en los grupos parlamentarios es que el proyecto de ley contempla exigir el nivel B1 de catalán para los nuevos conductores, una acreditación que los diputados de Junts y ERC intentarán, a través de enmiendas parlamentarias, que suba hasta el nivel B2.

Como contrarios a la subida del nivel hasta el B2, Comuns ha defendido que "no es tan importante cuál sea el nivel que se pida", sino que existan los recursos suficientes para implementar la normativa, mientras que el PSC ha valorado que con un nivel de catalán hablado (B1) ya es suficiente.

Cinco partidos unidos en esta ley

Desde el PSC han puesto en valor que se hayan unido cinco grupos parlamentarios para poder registrar la ley, ha asegurado que la normativa ordena un sector que es de "interés general" y ha reivindicado el sistema informático que se creará para controlar el funcionamiento del sector.

Desde Junts, han avanzado que hay algunas cuestiones del texto que "no ven claras", aunque ha explicado que prefieren negociarlas desde dentro para acompañar a los actuales trabajadores de las VTC y aportar suficiente seguridad jurídica al sector.

Desde ERC se sienten "padres y madres" de la normativa, que empezaron a trabajar cuando ocupaban la presidencia de la Generalitat durante la anterior legislatura, y ha valorado que es clave ordenar un sector como el del taxi.

En Comuns han señalado que se trata de una regulación "estratégica" para las zonas rurales, donde en muchas ocasiones la alternativa al vehículo privado es el taxi.

Desde la CUP ha celebrado que la ley reconoce la lucha de los taxistas y que se posiciona como una herramienta para "luchar contra la economía de la plataforma", que en algunos casos no respeta los derechos laborales de los trabajadores.