Ciberdelincuencia

¿Recibes amenazas por tus fotos o vídeos a través de Internet? Acudir a esta sencilla herramienta puede 'salvarte la vida'

Muchos menores se ven expuestos a amenazas sexuales o violentas a través de Internet. EP
  • El canal prioritario de la AEPD ayuda para que se retire de Internet el contenido sexual o violento que haya sido publicado sin permiso

  • En caso de incumplir el requerimiento, la Agencia Española de Protección de Datos puede imponer duras sanciones económicas

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Casi la mitad de los menores de todo el mundo, en concreto un 42%, según apunta un estudio del Proyecto PRECISIÓN, reciben mensajes no deseados de carácter erótico y sexual a través de Internet. Cabe destacar que los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes representan el 71% de la ciberdelincuencia.

Además, no solemos tener en cuenta que, en cualquier determinado momento, son unas 750.000 personas las que están buscando en la Red cómo contactar con las víctimas con el único y claro propósito de cometer los abusos sexuales. Los casos de acoso se han disparado con la llegada de las redes sociales y también se dan en entornos de juego online.

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Ajenos a los riesgos que conlleva, o sin pensarlo más de la cuenta, muchos menores empiezan a establecer contacto e incluso una relación de amistad con los depredadores. Y una vez que han caído bajo su control, son víctimas de amenazas constantes para que cumplan sus órdenes. Por ejemplo, en cuanto al envío de fotografías y vídeos.

En ese caso, es importante saber que existe una solución por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que es el denominado canal prioritario.

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¿En qué consiste el canal prioritario de la AEPD?

Este canal específico de la Agencia Española de Protección de Datos se encuentra habilitado para atender situaciones extraordinariamente delicadas como pueden ser los contenidos de carácter sexual o las imágenes de agresiones. Se trata de una herramienta eficaz para lograr la retirada urgente del material y proteger a las víctimas.

También sirve si se están poniendo en riesgo los derechos y las libertades de los afectados siempre que sean de nacionalidad española o se encuentren en el país, sobre todo si son menores o víctimas de violencia de género.

Dicho procedimiento de la AEPD no atiende casos en los que el contenido haya sido difundido por medio de servicios de mensajería instantánea, como WhatsApp o Telegram, o a través de correo electrónico.

Para hacer uso del canal, hay que ser mayor de edad o menor emancipado o actuar en representación legal de un menor o una persona incapacitada. Se debe acreditar la identidad del solicitante y, en su caso, la representación legal.

Importantes sanciones para los responsables

Además de aportar una prueba del contenido ilícito, como un enlace de la dirección web o una captura de pantalla, el escrito tiene que explicar los motivos por los que se considera que la publicación vulnera los derechos y las libertades o la salud física y/o mental del afectado.

Igualmente, el canal necesita conocer si la víctima ha realizado acciones previas para denunciar los hechos ante las instancias policiales o si ha solicitado al responsable del sitio web o al proveedor de servicios de Internet la retirada del contenido, matizando cuál ha sido la respuesta.

A continuación, la AEPD analiza cada solicitud recibida por el canal prioritario y verifica si se cumplen los requisitos para tramitarla. En caso afirmativo, comienza un procedimiento urgente para ordenar al responsable que retire el contenido ilícito en el plazo más breve posible. Además, informa al solicitante del estado de su solicitud y le comunica las medidas adoptadas.

En caso de no atender al requerimiento en el periodo indicado, la AEPD puede imponer duras sanciones económicas al sitio web o al proveedor de servicios, que pueden llegar hasta los 20 millones de euros o al 4% del volumen de negocio anual, según lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Además del canal prioritario, las personas afectadas por la publicación en Internet de contenidos sexuales o violentos sin su consentimiento pueden presentar una denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o interponer una querella criminal en los tribunales.