Bruselas ha decidido dar el último paso dentro del procedimiento de infracción que abrió en 2014, preocupada por la posibilidad de que la situación de los humedades "se deteriore aún más". "Las medidas adoptadas para garantizar la gestión sostenible de los recursos hídricos y la conservación de los hábitats de Doñana y, además, se han ejecutado deficientemente", ha denunciado.
La Comisión Europea ha explicado que los humedales de Doñana "se encuentran entre los mayores de Europa" y albergan una "gran diversidad" de ecosistemas y especies de fauna y flora, incluidas especies en peligro de extinción como el águila imperial, el lince ibérico o la tortuga mora. También ha subrayado que Doñana forma parte de la ruta migratoria de millones de aves europeas debido a su "situación estratégica".
Esta biodiversidad "única", subraya Bruselas, está protegida por la Directiva sobre hábitats y la Directiva sobre aves, puesto que el Parque Nacional de Doñana y su zona circundante engloban varias zonas que España ha designado como lugares Natura 2000.
El Gobierno ha respondido al tirón de orejas señalando que trabajará en la coordinación entre administraciones para garantizar la protección de Doñana y reconoce haber recibido con "preocupación" la denuncia de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), en el marco de un procedimiento formal de infracción que arrancó en 2014.
El Gobierno se compromete ahora a "la protección de un espacio natural de la importancia y singularidad de Doñana, en estricto cumplimiento con la legalidad vigente y a intensificar las acciones para proteger las masas de aguas subterráneas del entorno de Doñana.
Doñana será parte fundamental del Tercer Ciclo de la Planificación Hidrológica, que acaba de comenzar su fase de tramitación. Esta cuestión se incluirá en el Esquema de Temas Importantes (ETI), lo que asegura que Doñana sea objeto de un análisis especial para garantizar una conservación adecuada de sus aguas subterráneas tanto en el futuro inmediato como en el largo plazo.
En el marco de las medidas puestas en marcha, desde Transición Ecológica se ha recordado que en 2018 se han realizado un millar de inspecciones para detectar extracciones ilegales de agua, la principal amenaza a los acuíferos, y se han levantado 328 actas de denuncia. Paralelamente, se han realizado tareas para ejecutar las decisiones judiciales de cierre de extracciones ilegales y, en estos momentos, por ejemplo, se está tramitando el cierre de otros 77 pozos de titularidad municipal en Lucena del Puerto, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En este mismo marco, la Comisaría de Aguas del Guadalquivir se verá reforzada con más medios con el objetivo de impulsar la tramitación de expedientes y sanciones y, asimismo, se ha consolidado la coordinación con la Comandancia de la Guardia Civil en Huelva, en las tareas de inspección, y se ha estrechado la colaboración con la Junta de Andalucía, las empresas eléctricas, las entidades conservacionistas y administraciones locales, para reforzar la lucha contra el uso ilegal del agua.
Además de todas estas medidas, se han llevado a cabo otras de manera paralela encaminadas a posibilitar la sustitución de aguas subterráneas por aguas superficiales en 496 hectáreas de regadío en El Condado (Huelva), lo que ya ha permitido la clausura de 300 pozos.
Igualmente, en el cortijo de Los Mimbrales, finca adquirida por el Estado en la Corona Forestal de Doñana y a la que le corresponden un volumen de 6,8 hm3/año de derechos de extracción de aguas, asociados a sus 922 hectáreas, se está elaborando un plan de reforestación y planificación de usos que asegurarán de forma fehaciente el ahorro de esos hectómetros cúbicos, con el consiguiente alivio del acuífero.