La nueva tasa de la UE que se aplica desde el 1 de noviembre y que puede encarecer tus pedidos en Shein, Temu o AliExpress

La Unión Europea comenzó a aplicar el 1 de noviembre, una nueva tasa de gestión de dos euros por artículo a los productos adquiridos por internet fuera del bloque comunitario, una medida que se suma al arancel de tres euros vigente desde julio para las compras de menos de 150 euros y que busca reforzar los controles aduaneros ante el aumento de los envíos procedentes de plataformas como Shein y Temu.

De hecho, alrededor del 91% de estos envíos proceden de plataformas chinas como Shein, Temu o AliExpress, que saturan las aduanas europeas con miles de millones de paquetes individuales. Este volumen masivo de envíos hacía imposible inspeccionar la seguridad, los materiales o el cumplimiento de las normativas de salud de muchos de estos productos. 

 La Federación de Consumidores y Usuarios CECU se suma a la Organización Europea de Consumidores (BEUC) ha acogido con satisfacción esta medida destinada a mejorar la seguridad de los productos, pero advierte de que los consumidores no deben verse afectados por gastos inesperados en el momento de la entrega de sus compras.  

Hasta ahora, las importaciones de bajo valor se beneficiaban de la denominada norma «de minimis», introducida antes del auge de las compras por Internet. En la actualidad, cada día entran en la UE unos 15 millones de pequeños paquetes, muchos de los cuales pasan sin ser sometidos a controles exhaustivos. La eliminación de esta exención tiene como objetivo restablecer los controles adecuados y garantizar que los productos que llegan a los consumidores sean más seguros. 

Se aplicará un arancel fijo de tres euros por categoría de producto en un paquete, que deberá ser pagado por el importador comercial, como las plataformas de venta online o los operadores postales. Es probable que este sistema fomente las importaciones a gran escala en lugar de millones de envíos individuales, lo que facilitará a las autoridades la realización de controles de seguridad. 

Aumentar el precio después de la compra sería ilegal

Desde las organizaciones de consumidores alertan de que algunos operadores postales y de reparto puedan intentar repercutir estos costes a los consumidores tras la compra. Esto sería ilegal según la legislación de la UE, que exige que los consumidores sean informados del precio total por adelantado. 

Emily Riesco, responsable de Comercio de CECU, comentó: “Los consumidores no deberían pagar la nueva tasa de tres euros. La reforma es clara: a partir del 1 de julio, son los importadores, y no los consumidores, quienes pagan los derechos de aduana.  

Hacer de las plataformas online las primeras responsables de que los productos vendidos dentro de la UE cumplan las normas aduaneras es esencial para garantizar compras más seguras y una mayor transparencia y seguridad para las personas consumidoras. Esta reforma inicia el camino hacia un consumo más crítico y menos desechable”, destacan desde la CECU.

El nuevo recargo, cuya cuantía ha sido fijada por la Comisión Europea en el marco de la reforma aduanera aprobada en septiembre, deberá ser abonado por la entidad responsable de los gastos de importación, con el objetivo de evitar que recaiga directamente sobre el consumidor final, y se aplicará en todos los Estados miembros a partir del 1 de noviembre.

A diferencia del gravamen introducido este verano, que puso fin a la exención de derechos aduaneros de la que disfrutaban hasta entonces las mercancías de bajo valor, esta tasa está destinada a compensar los costes que soportan las autoridades nacionales para tramitar y supervisar los envíos, desde la comprobación de la información facilitada hasta los análisis de riesgos y las inspecciones físicas cuando resulten necesarias.

La medida responde al fuerte crecimiento del comercio electrónico procedente de terceros países, después de que en 2025 entraran en el mercado comunitario unos 5.900 millones de artículos de bajo valor, cuatro veces más que en 2022, de los que alrededor del 90% procedían de China, según los datos de Bruselas.

Este incremento ha elevado la presión sobre los servicios aduaneros y ha complicado la detección de mercancías que incumplen las normas europeas de seguridad y protección de los consumidores, además de generar preocupación por la competencia que afrontan las empresas establecidas en la Unión frente a vendedores extranjeros.

La nueva tasa de gestión será independiente del arancel temporal de tres euros que se cobra desde el pasado 1 de julio a los artículos importados en envíos cuyo valor no supere los 150 euros, después de que la UE eliminara la exención que permitía introducir estas compras sin pagar derechos aduaneros.

En este último caso, el importe se calcula por categoría de producto y no por paquete completo, de manera que un envío con varios artículos de la misma clasificación aduanera puede estar sujeto a un único gravamen de tres euros, mientras que otro que contenga mercancías de diferentes categorías deberá abonar esa cantidad por cada una de ellas.

Este sistema transitorio se mantendrá hasta julio de 2028, cuando está previsto que comience a funcionar la nueva plataforma europea de datos aduaneros para el comercio electrónico, que permitirá sustituir el gravamen fijo por los aranceles ordinarios correspondientes a cada mercancía.

Por su parte, la Organización Europea de Consumidores ha celebrado la introducción de la nueva tasa, al considerar que permitirá dotar a las autoridades aduaneras de más recursos para detectar productos peligrosos o ilegales, aunque ha advertido de que su eficacia dependerá de que los Estados miembro destinen los ingresos recaudados a reforzar los controles.

La organización también ha expresado su preocupación por la posibilidad de que algunas plataformas trasladen estos costes a los compradores en las últimas fases del proceso de compra, una práctica que, según recuerda, contravendría la normativa europea que obliga a informar por adelantado del precio total.

"Ahora la prioridad debe ser garantizar que los importadores paguen la tasa, no los consumidores, y que los Estados miembro la utilicen para el fin para el que fue concebida: reforzar realmente la capacidad aduanera y proteger a los consumidores", ha señalado el director general de la agrupación, Agustín Reyna.

Más responsabilidad para las plataformas

La introducción de estos recargos forma parte de una reforma más amplia con la que la Unión pretende reforzar la responsabilidad de las plataformas y los vendedores que comercializan productos desde terceros países, que pasarán a ser considerados importadores y deberán garantizar tanto el cumplimiento de las obligaciones aduaneras como de las normas comunitarias aplicables a sus mercancías.

De este modo, operadores como Shein y Temu tendrán que facilitar a las autoridades la información necesaria sobre los productos que introducen en el mercado europeo, hacerse cargo de los pagos correspondientes y asegurar que los artículos cumplen los requisitos de seguridad y otras exigencias legales de la UE.

La normativa contempla además sanciones para las empresas que incumplan reiteradamente sus obligaciones, con multas que en los casos más graves podrán alcanzar el 6% del valor de las mercancías importadas durante el año anterior, así como la retirada de determinadas ventajas aduaneras e incluso restricciones de acceso a las plataformas.

Para facilitar estos controles, la reforma prevé también la creación de una Autoridad Aduanera Europea, con sede en la ciudad francesa de Lille, que coordinará la actuación de los Estados miembro y gestionará un sistema común de información sobre las importaciones y exportaciones.

Esta plataforma comenzará a utilizarse para el comercio electrónico en 2028 y se abrirá progresivamente al resto de empresas a partir de 2031, con el objetivo de convertirse en el punto único obligatorio de entrada de datos aduaneros de la UE en 2034, lo que permitirá simplificar los trámites y mejorar la detección de mercancías de riesgo.