Los bares y restaurantes ya están obligados a ofrecer agua del grifo gratuita. Es una de las principales medidas para reducir el uso de botellas de plástico (así como otras de un solo uso) que recoge la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Ha entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Los comercios deberán fomentar la compra a granel.
Pese a la publicación en el BOE, la entrada en vigor de los impuestos de nueva creación se aplaza hasta 2023. Se trata de la tributación por la producción de plásticos de un solo uso y el de depósito de residuos en vertedero. La norma recoge que su finalidad es reducir la generación de residuos y mejorar la gestión de los que no se pueden evitar.
Aplicado a los envases de plástico no reutilizables. Será de naturaleza indirecta a todos los envases que sirvan para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías. Pueden ser vasos de plástico o los rollos de plástico para embalar y evitar roturas en el transporte de productos, entre otros.
Afectará a todos los envases que contengan plástico no reutilizable, incluidos los cierres. Estará limitado a los que se fabriquen, importen o adquieran dentro de la Unión Europea. El impuesto se grabará con 0,45 euros por kilogramo.
Quedan excluidos de dicho impuesto las pinturas, tintas, lacas y los adhesivos concebidos para ser incorporados a los productos destinados a tener la función de contener, proteger, manipular o entregar bienes o productos. También lo están aquellos envases para: contener, proteger, manipular, distribuir o presentar medicamentos, productos sanitarios, alimentos para usos médicos especiales, preparados para lactantes de uso hospitalario, residuos peligrosos de origen sanitario y rollos de plástico para ensilados de uso agrícola y ganadero.
Dedicado al depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de los mismos. La Ley califica esta carga fiscal como un "instrumento económico clave para avanzar en la economía circular y en la consecución de los objetivos para la reutilización y reciclado en materia de residuos". Se trata de desincentivar esta práctica para contribuir a la reintroducción de los materiales reciclados.
Este impuesto originó una de las mayores controversias en la tramitación de la ley en el Parlamento. Algunas comunidades como Cataluña ya contaban con esta figura fiscal. Finalmente, tras una extensa negociación, se articulará como un tributo indirecto que se aplicará en todo el territorio española. Se prevé su cesión a las autonomías.
Prohíbe la destrucción o eliminación en depósito de vertedero los excedentes que no se vendan en los productos no perecederos: ropa, juguetes o aparatos eléctricos. Primero se destinarán a los canales de reutilización, incluida la donación, y a la preparación para su reutilización.
Desde el 1 de enero de 2023, los comercios minoristas de alimentación, con una superficie de 400 metros cuadrados o más, tendrán que dedicar al menos un 20% de su área a productos de venta a granel. Tendrán que aceptar envases reutilizables (bolsas, 'tuppers' y botellas). Del estado de higiene de los mismo se hará cargo el clientes. En caso de no ser higiénico el comerciante podrá rechazarlo.
Las administraciones públicas (en municipios de más de 5.000 habitantes) estarán obligadas a recoger de forma separada de "al menos" papel, metales, plástico y vidrio antes del 30 de junio de este año; los residuos orgánicos para antes del 30 de junio y antes del 31 de diciembre de 2023 para el resto; los residuos textiles, el aceite de cocina usado y los residuos domésticos peligrosos antes del 31 de diciembre de 2024, igual que en el caso de los residuos de muebles y enseres.