Sergio Delgado 30 ABR 2025 - 06:20h.

Este miércoles 30 de abril, un día después de lo previsto, el Congreso acoge la esperada presentación de la reforma que plantea una reducción de la jornada laboral en España. El debate sobre la conciliación, la productividad y la salud laboral ha vuelto a estar en el centro de la agenda política después de que el apagón energético que paralizó el país este lunes haya obligado a posponer su puesta en marcha.

Ahora, volviendo a esta reforma que vuelve a estar sobre la mesa, cabe recordar que no todo el mundo se verá beneficiado por este cambio. Más de 6,3 millones de españoles quedarán fuera de esta medida, atrapados en un limbo regulatorio que plantea nuevos interrogantes.

La ilusión de una jornada más corta no alcanzará ni a los autónomos ni a los empleados públicos, dos colectivos esenciales para el tejido económico y social. Tampoco afectará a aquellos trabajadores que, gracias a sus convenios colectivos, ya disfrutan de jornadas inferiores a las 37,5 horas semanales.

Una reforma diseñada para trabajadores por cuenta ajena

La nueva reducción de la jornada laboral se aplicará únicamente a los trabajadores por cuenta ajena que actualmente superen las 37,5 horas semanales. Su objetivo es establecer un máximo de horas semanales sin merma salarial, adaptándose a las tendencias laborales de otros países europeos.

Sin embargo, los autónomos y los empleados públicos no estarán dentro de este cambio. Esta exclusión ha generado críticas y preocupaciones en ambos colectivos, que sienten que sus necesidades no han sido tomadas en cuenta en esta importante reforma laboral.

Los autónomos invisibles ante la nueva jornada laboral

La reducción de la jornada laboral está diseñada para regular las condiciones de los empleados bajo contrato. Los autónomos, al ser trabajadores por cuenta propia, no tienen una jornada determinada por ley, sino que organizan sus tiempos según sus necesidades y volumen de trabajo.

Aunque la reforma no los afecta directamente, las repercusiones económicas y organizativas pueden ser importantes. Muchos autónomos que cuentan con trabajadores contratados deberán adaptarse a las nuevas condiciones, asumiendo posibles aumentos de coste laboral si necesitan contratar más personal para cubrir las horas que ahora dejarán de ser trabajadas.

Además, se enfrentan al desafío de reestructurar sus horarios para sincronizarse con los de sus empleados y clientes. Esta nueva dinámica podría suponer una carga añadida para pequeños negocios y profesionales que ya operan con recursos limitados.

En este escenario, queda claro que el colectivo de autónomos sigue siendo uno de los grandes olvidados en las principales reformas laborales del país.

Empleados públicos y su regulación aparte

En el caso de los empleados públicos, la situación también es diferente. Su jornada laboral está regulada por normativas específicas que no se ven afectadas por esta nueva reforma. Muchos funcionarios ya trabajan 35 horas semanales o tienen convenios que establecen jornadas inferiores.

Esta regulación diferenciada explica por qué la reducción de la jornada laboral no incide en ellos. Sin embargo, algunos sectores del funcionariado consideran que habría sido una buena oportunidad para homologar todas las condiciones laborales del país bajo un mismo paraguas normativo.

El hecho de que las reformas laborales no incluyan al sector público también genera tensiones internas, ya que algunos trabajadores pueden percibir que su esfuerzo y compromiso no reciben el mismo reconocimiento en términos de conciliación laboral.

¿Qué trabajadores sí se beneficiarán de la reforma?

La medida impactará en aquellos sectores donde actualmente la jornada estándar supera las 37,5 horas semanales. Principalmente, hablamos de trabajadores del sector privado con convenios que aún estipulan jornadas más largas. Para ellos, esta reducción puede suponer una mejora significativa en calidad de vida y salud laboral.

Sin embargo, no afectará a quienes ya tengan jornadas inferiores, ni modificará los acuerdos sectoriales que ya han establecido reducciones de jornada de manera voluntaria.

La aplicación será progresiva y requerirá negociaciones colectivas que aseguren que los cambios se implementen de manera consensuada, adaptándose a las necesidades específicas de cada actividad económica.

Más de 6,3 millones de españoles, entre autónomos y empleados públicos, quedarán fuera de la aplicación de esta nueva normativa. Esta cifra no es menor y refleja una realidad dual en el mercado laboral español: no todos los trabajadores tienen el mismo acceso a los beneficios de las reformas.

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