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Los delitos que llegan a los juzgados son cada vez más sofisticados y la Justicia no tiene medios para seguir el paso a quienes los cometen. Es el desolador retrato que ha hecho hoy el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, de las herramientas con las que trabajan los jueces: "los plazos de alargan y los jueces somos lentos porque no tenemos inversiones".
El juez Velasco, conocido por haber instruido la Operación Púnica o el Caso Lezo, ha aprovechado su intervención en las jornadas 'Risk Revealed' de delitos financieros organizadas por Refinitiv, para enviar un mensaje al BBVA por su actuación en el caso Villarejo. Sin citar expresamente a la entidad financiera, ha lamentado que se anuncie que se va a colaborar con la justicia y que luego “no se envíe ni un papel”.
El magistrado ha considerado “feo” que la ley obligue a un juez a acabar una investigación en seis meses con los actuales medios, al tiempo que ha criticado la tardanza del banco en aclarar su implicación en el caso, "para una investigación que está haciendo un banco, que tiene 20.000 veces más personal que un juez, y 20.000 veces más ayudas, ha pasado un año y todavía no ha hecho una sola investigación". Y a eso se añade, dice, que un magistrado acumula causas "40 o 50 tan complicadas como esa".
Pero Velasco no ha parado ahí. Ha puesto también como ejemplo de mala práctica el despido de un "directivo de un banco" por colaborar con la justicia. Una alusión al despido de Antonio Béjar de una filial del BBVA tras ser imputado en el caso Villarejo y haber colaborado con la justicia.
El juez asegura que las condenas penales recaen más sobre las pequeñas empresas. Y el delito que cometen con más frecuencia es el fiscal: "están cayendo como moscas", ilustra Velasco. España es el cuarto país europeo con más peso económico de las pymes. Es raro, dice el magistrado, que las grandes compañías lleguen a los juzgados "porque ellas sí que tienen implementadas políticas de prevención de riesgos legales".
En el caso de las empresas pequeñas tienen menos recursos y "ni siquiera buscan un asesor externo". Y eso que una condena penal puede suponer el fin de la empresa porque "no pueden soportar las multas o las infracciones que se pueden poner desde un juzgado".
Los jueces tienen instrumentos legales para aplicar "un principio de proporcionalidad" para evitar la disolución de las entidades condenadas y que paguen los trabajadores "porque hemos comprobado, y esto es estadística pura, que "en el 90 y pico por ciento" quien comente la ilegalidad es el directivo y no el trabajador ha explicado Eloy Velasco.
Luchar contra delitos fiscales, el crimen organizado o neutralizar el terrorismo depende cada vez más del tratamiento informático de los datos y de la inteligencia artificial. Y en eso, el juez, también es pesimista "no tenemos nada".