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La Agencia Tributaria recaudó 194.051 millones de euros en 2020, un 8,8 % menos que el año anterior, debido principalmente al impacto de la pandemia sobre el IVA y el impuesto de sociedades.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado durante la presentación de los datos de ejecución presupuestaria de 2020 que la caída de la recaudación es inferior a la prevista y se sitúa por debajo de la propia contracción económica (el PIB nominal cayó un 9,9 %). Montero ha destacado que, a pesar de la crisis, la recaudación por IRPF se incrementó -un 1,2 %, hasta los 87.972 millones- gracias a la protección de rentas con medidas como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o las ayudas a autónomos, así como al incremento de las pensiones y el salario de los funcionarios.
En cambio, el parón de la actividad y el menor gasto de familias y empresas hundieron un 11,5 % los ingresos por IVA, hasta los 63.337 millones, y un 12,1 % los de impuestos especiales, hasta los 18.790 millones.
El impuesto de sociedades recaudó 15.858 millones, un 33,2 % menos, debido tanto a los menores beneficios empresariales como a ajustes relacionados con los pagos fraccionados de 2018, que supusieron cuantiosas devoluciones, y con una sentencia del Tribunal Constitucional sobre estos, que ha tenido un impacto de 406 millones.
Montero ha añadido que las provisiones realizadas por las empresas para prevenir posibles impactos de la pandemia también han afectado a los pagos fraccionados del impuesto de sociedades, que han caído una media del 37 % entre los grupos consolidados y un 54 % en el caso de las entidades financieras.
El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se situó en 2020 en 113.172 millones de euros, el 10,09 % del PIB, con lo que multiplica casi por cuatro el dato de 2019 (2,86 % del PIB) y alcanza el nivel más alto desde 2009 (11,06 % del PIB).
Por subsectores, el déficit de la administración central alcanzó el 7,49 % del PIB tras asumir la mayor parte del gasto de la pandemia, ha defendido Montero, como prueba el incremento del 35,2 % del gasto en transferencias a otras administraciones. Precisamente estas transferencias permitieron a la Seguridad Social situar su déficit en el 2,65 % del PIB (en lugar del 4,6 % de no haberlas tenido) y afrontar un aumento de su gasto del 20,3 % respecto a 2019.
Asimismo, las comunidades autónomas terminaron el año con un déficit del 0,21 % del PIB, inferior al de 2019 (0,57 %), gracias al apoyo del Estado e incluso nueve registraron superávit: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja.
Por lo que respecta a las corporaciones locales, lograron un superávit del 0,26 % del PIB y Montero ha asegurado que en los próximos días les compensará por la pérdida de ingresos del transporte público debido a la pandemia, previa certificación de los datos.
La ministra ha eludido pronunciarse sobre la previsión de déficit para 2021, un año en el que las reglas fiscales continúan suspendidas, pero sí ha señalado que los datos de recaudación en el inicio del año están en línea con las estimaciones del Presupuesto. Asimismo, ha remitido el inicio de la consolidación fiscal a la restauración de las reglas fiscales.
Precisamente el impacto de la Sareb eleva el cómputo del déficit público, una vez incluidas las ayudas financieras, al 10,97 % del producto interior bruto (PIB), todavía por debajo de la estimación del 11,3 % del PIB remitida por el Gobierno a Bruselas en otoño del pasado año.
Con la Sareb se ha adoptado un criterio prudente, ha apuntado Montero, equivalente al "máximo de lo que podría implicar las pérdidas" de la entidad, por lo que espera que la consolidación tenga impacto positivo en los próximos años, una vez que se vendan activos.
Para la ministra, el "deterioro" de las cuentas públicas en 2020 es un "reflejo claro de que este Gobierno se ha comprometido con los ciudadanos y con el tejido productivo", lo que ha supuesto un incremento del gasto que ha afectado más al déficit que la caída de los ingresos.
La ministra ha cifrado el gasto público de la pandemia en 44.907 millones, que ha sido asumido principalmente por el Estado (40.443 millones de euros) a través de compra de material sanitario (1.197 millones), transferencias a las comunidades autónomas (entre ellas 16.000 millones del fondo covid) y transferencias a los Fondos de la Seguridad Social (22.357 millones de euros).
El reparto de estos 44.907 millones de gasto ha sido 21.520 para ERTE, incapacidad temporal y cese de actividad; 8.284 millones para gastos covid y sociosanitarios en las comunidades autónomas; 7.791 millones para exoneraciones ERTE y autónomos, y 7.312 millones para el resto.
Así, el gasto público alcanzó los 576.489 millones de euros en 2020, un 10,1 % más, tras un fuerte repunte de las subvenciones (71 %) y las prestaciones sociales (15,9 %), entre otros, mientras que el coste de los intereses de la deuda bajó un 11,1 %. Los ingresos bajaron un 5 %, hasta los 463.317 millones de euros, debido sobre todo al impacto de la caída de la recaudación tributaria.