Del control de los alquileres a desahucios: las diferencias entre grupos que retrasan el decreto de vivienda
Junts reclama que el decreto ponga el foco en aumentar la oferta y cuestiona los topes de precios
Sindicato de inquilinas exige contratos de alquiler indefinidos y no descarta acampadas en otras ciudades
El próximo martes 29 de septiembre se cumplirá el último plazo que se marcó el Gobierno para aprobar en el Consejo de Ministros el nuevo decreto ley de vivienda, después de aplazarlo a finales de julio ante la falta de apoyos parlamentarios.
Entre otras medidas, el texto planteado por el Ejecutivo incluye la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028, la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones, el aumento al 21% del IVA de los pisos turísticos y medidas para aumentar la oferta de vivienda asequible.
Las posiciones políticas
El decreto, pactado entre PSOE y Sumar, se articula en torno a dos bloques: medidas para dar estabilidad a los alquileres y combatir el fraude, entre ellas la regulación de los contratos de temporada y habitaciones y bonificaciones fiscales a propietarios que reduzcan las rentas, y actuaciones para movilizar vivienda asequible, como la reforma de la Ley del Suelo. El texto contempla además negociar medidas para proteger a las familias vulnerables frente a los desahucios.
No obstante, las diferencias con los grupos que tienen que apoyar el decreto en el Congreso han frenado al Gobierno a presentar el decreto.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció a finales de agosto que algunas medidas son "excesivas" para Junts y, en cambio, "insuficientes" para Sumar. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pedido a las formaciones un "esfuerzo de generosidad" y ha defendido que el texto recoge iniciativas planteadas por distintos grupos.
Junts reclama que el decreto ponga el foco en aumentar la oferta y cuestiona los topes de precios porque, a su juicio, no generan nuevas viviendas. Entre sus propuestas figuran ayudas fiscales para propietarios, como desgravar los gastos de alquiler o parte de la cuota hipotecaria de los pequeños propietarios. El Gobierno y Sumar han abierto la puerta a estudiar bonificaciones fiscales para propietarios, aunque Junts todavía no ha garantizado su apoyo.
Sumar, por su parte, defiende la prórroga de los contratos y una mayor protección de los inquilinos, además de la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones y las medidas sobre los pisos turísticos. En los últimos días ha elevado la presión sobre el PSOE a raíz del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que había vivido durante más de siete décadas en una vivienda de Madrid, y reclama medidas para evitar lanzamientos de personas vulnerables.
El socio minoritario también ha planteado la expropiación de la vivienda de Maricarmen para incorporarla al parque público y ha defendido limitar la adquisición de viviendas por parte de fondos de inversión.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, reclamó el 16 de septiembre llevar el decreto "ya" al Congreso aunque no hubiera una mayoría garantizada y criticó a los grupos que, según dijo, no quieren intervenir el mercado de la vivienda.
Podemos mantiene una posición más alejada del texto. Rechaza los beneficios fiscales a propietarios y reclama medidas para reducir los precios, proteger a los inquilinos y evitar desahucios sin alternativa habitacional. Su principal línea roja es la reforma de la Ley del Suelo, que exige retirar del decreto y que la formación considera vinculada a una reducción de controles urbanísticos. La Confederación Nacional de la Construcción, en cambio, ha defendido esta reforma como una medida necesaria para aumentar la oferta.
Por su parte, el PNV ha planteado limitar la prórroga a los inquilinos que estén al corriente de pago, además de reclamar una reforma del suelo, regulación de los alquileres de temporada y respeto a las competencias autonómicas, mientras que ERC ha puesto el foco en la vivienda vacía y reclama datos sobre la titularidad de estos inmuebles, mientras que el PP defiende aumentar la oferta y facilitar suelo y ha cuestionado el enfoque intervencionista del Gobierno.
El caso de Maricarmen el pasado miércoles ha añadido además un nuevo elemento a la negociación. El Gobierno y Sumar defienden reforzar la protección frente a los desahucios, mientras que el PP sostiene que el anterior decreto antidesahucios no habría evitado este lanzamiento por las características del contrato de la mujer. La cuestión de los desahucios se suma así a las diferencias ya existentes sobre precios, alquileres, fiscalidad, vivienda turística y reforma del suelo.
Fuera del Parlamento, CCOO y UGT han reclamado un acuerdo entre las fuerzas políticas, mientras que la Confederación de Sindicatos de Inquilinas exige que el nuevo decreto incluya medidas estructurales contra los desahucios, congelación de los alquileres, prórrogas efectivas y renovación automática de los contratos. El colectivo ha convocó este sábado movilizaciones bajo el lema "Ni una Maricarmen más".
