Los residuos de construcción y demolición (R.C.D) deben ser depositados solamente en contenedores de obra, nunca en los ordinarios destinados para residuos domésticos.
Hacer una mudanza sin permiso puede costar hasta 750 € en determinadas zonas urbanas
Realizar una obra o reforma requiere no solamente del correspondiente permiso para poder llevar a cabo estas modificaciones, sino que también precisa de otro tipo de actuaciones para no ser sancionados, como es el caso de desechar correctamente los escombros. Estos restos de obra no pueden ser depositados sin más en la vía pública o en un contenedor ordinario de basura, no solamente para no causar molestias a nuestros convecinos, sino para ahorrarnos unas sanciones económicas considerables por incumplir la ordenanza municipal.
Dónde y cómo hay que deshacerse de los escombros
Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), el nombre técnico por el que se conoce a los escombros, requiere de un proceso especial de recogida. Se llama así a “son residuos de naturaleza fundamentalmente inerte generados en obras de excavación, nueva construcción, reparación, remodelación, rehabilitación y demolición, incluidos los de obra menor y reparación domiciliaria”, según la definición que tiene la Comunidad de Madrid. Se trata de residuos especiales, no considerados domésticos y para los que hay que cumplir una normativa estatal y su correspondiente adaptación autonómica y municipal, ya que estos en última instancia van a ser quienes tengan la competencia en materia sancionadora.
La gestión y retirada de los residuos de construcción u obra están regulados en primer lugar según la Ley 07/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, en cuyo artículo 30.2 deja claro que, en primer lugar, “los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria”. Así pues, el primer aspecto en el que podríamos cometer una infracción es echar todos juntos.
En cuanto al proceso de retirada de los mismos sin hacerse en los espacios específicos autorizados, el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, incluye exactamente esta infracción en el artículo 9.o de su Ordenanza 12/2022, de 20 de diciembre, de Limpieza de los Espacios Públicos, Gestión de Residuos y Economía Circular. “Queda prohibido depositar directamente en los espacios públicos cualquier clase de residuos procedentes de obras de construcción, remodelación o demolición”. Esto incluye cualquier tipo de depósito de escombros en la vía pública que no sea en un contenedor de obra o sacos autorizados para ocupar la calle.
Sanciones de hasta 1.500 euros por RCD donde no se debe
Con la legislación municipal en mano, lo más normal es que echar residuos de obra en contenedores ordinarios o dejarlos en la vía pública con el peligro que suponen sea considerado una infracción grave. Según la ordenanza madrileña, el régimen sancionador de las mismas va desde los 751 euros hasta los 1.500 euros.
También es posible que quienes están haciendo una obra o reforma hayan colocado sacos o contenedores específicos, pero no hayan sido autorizados previamente para ocupar la vía pública. En esta ocasión, también estaríamos cometiendo una infracción al estar disponiendo de forma privativa de un espacio que es de todos, que es la propia acera o calzada donde hemos dejado el material de obra y nunca se podrá instalar el contenedor y/o saco hasta que no se reciba la correspondiente autorización municipal.
Tal y como marca, por ejemplo, la ordenanza madrileña, la instalación de contenedores o sacos de residuos de construcción y demolición es obligatorio solicitar la autorización (en acera u otras zonas) o comunicarlo con antelación (en plazas de aparcamiento), además de pagar las tasas correspondientes que se calcularán según el tamaño de los contenedores o sacos, el número de contenedores o sacos a instalar, los días de ocupación (por días completos, no fraccionable) y la categoría especificada en el índice fiscal de calles. En el caso de ocupación ilegal de la vía pública, dependiendo del perjuicio causado, podría ser infracción leve (hasta 750 euros) o grave (de 751 a 1.500 euros).
Por último, las diferentes ordenanzas municipales también tienen una serie de obligaciones en materia de seguridad. Tanto el saco de escombro como un contenedor de obra no deben tener sus RCD a mano de la ciudadanía. Cuando estén llenos, se deben tapar y proceder a su retirada en un plazo máximo de 24 horas, para que los cascotes no puedan dañar a los viandantes. Además, en horario no autorizado para obra, como desde las 20:00 hasta las 8:00 horas en el caso de Madrid, deberán estar siempre tapados, aunque no estén llenos. Lo anterior o el sobrellenado de los contenedores o sacos de obra (los RCD no podrán sobrepasar el plano definido por las aristas superiores del mismo) serían una infracción grave con multa que puede ascender a los 1.500 euros.