La renovación automática de alquileres y ley del suelo quedan fuera del decreto de vivienda

La renovación automática de los contratos de alquiler y la reforma de la ley del suelo no están entre las medidas incluidas en el último borrador de decreto ley que ha hecho llegar esta tarde el Ministerio de Vivienda a los grupos parlamentarios, en la negociación que mantiene a contrarreloj para aprobarlo mañana.

La renovación automática de los contratos (obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato) es una nueva exigencia que la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y por extensión de Sumar han planteado a Vivienda a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, la semana pasada en Madrid.

Fuentes conocedoras del borrador aseguran a EFE que el ministerio no la ha incluido hasta el momento en la negociación.

Por su parte, la reforma de la ley del suelo pactada en su momento por el PSOE y el PNV (para que defectos formales o subsanables no provoquen automáticamente la anulación completa de un plan urbanístico y para cambiar las reglas de los derechos de reversión sobre terrenos expropiados) era la "línea roja" que hasta ahora ponía Podemos para no votar en contra el decreto.

Fuentes de la negociación han dicho a EFE que también podría quedar fuera del decreto la regulación del alquiler de habitaciones, una reivindicación común de los partidos a la izquierda del PSOE, que rechazan Junts y también entidades sociales como Cáritas.

Sí incluiría la regulación del alquiler de temporada, para el que se establecería un máximo de dos años, el doble de lo pactado en la ponencia de hace diez meses.

Cobertura de impagos en desahucios

Según las fuentes, a falta de rematar una redacción que satisfaga a todos los grupos llamados a apoyar el decreto para que salga adelante en el Congreso, el borrador que ha circulado el ministerio incluye una "solución estructural" para evitar los desahucios de inquilinos vulnerables en casos de impago a pequeños propietarios, según la cual la propia administración cubriría esos costes.

En los casos en que el propietario de la vivienda sea un fondo de inversión, el decreto prohibiría los desahucios en determinados supuestos, incluso limitaría a estos fondos la compra de inmuebles.

Las medidas contra los "fondos buitre", que los partidos de izquierdas llevan defendiendo toda la legislatura, son apoyadas ahora también por Junts, que ha movido su posición en los últimos días.

Respecto a la prórroga de dos años de los contratos de alquiler en vigor y la congelación de rentas en las actualizaciones anuales, las fuentes confirman que tampoco está cerrado el acuerdo.

Medidas ya pactadas

Desde el Ministerio de Vivienda defienden que el decreto que ultiman -y que están negociando con todos los grupos "a la vez"- incluye cuestiones que éstos llevan pidiendo meses y años. Aunque insisten en que el texto está "abierto", dan por pactadas medidas como las bonificaciones fiscales para propietarios e inquilinos, el IVA a los alojamientos turísticos y las ayudas a la compra de la primera vivienda.

También los puntos dirigidos a blindar el parque estatal y a bajar el IVA para la construcción de vivienda protegida, entre otros.