Elecciones generales 2026 y vivienda: qué proponen PSOE, PP, VOX, Frente Amplio y Podemos para el 29N

La vivienda continúa siendo uno de los principales problemas para millones de españoles. De hecho, es la mayor preocupación de los ciudadanos según los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), por delante de la inmigración o de la crisis económica.

A nivel social, el desahucio de Maricarmen a sus 87 años, unido al encarecimiento de los alquileres, las dificultades para acceder a una hipoteca o la falta de oferta asequible, han movilizado a miles de cuidadanos españoles que han celebrado distintas manifestaciones, han acampado en varias ciudades del país o han secundado la huelga general de 24 horas el 11 de noviembre para reclamar soluciones a la crisis de acceso a la vivienda, mejoras salariales y medidas para frenar el encarecimiento del coste de la vida.

Por otro lado, en el plano político, es tal su relevancia, que incluso acabó siendo el detonante del adelanto electoral de las próximas elecciones del 29 de noviembre. Tras el rechazo en el Congreso de los dos decretos propuestos por el Gobierno en esta materia días después del 'caso Maricarmen', Pedro Sánchez anunció la convocatoria electoral, aprovechando la fuerte ola de protestas en las calles y tras una legislatura desgastada por el bloqueo.

Con el adelanto de las elecciones y el piloto de la campaña electoral puesto en marcha, los partidos han situado esta materia entre sus principales prioridades.

Así ha evolucionado la vivienda en España en los últimos años: de la compra al alquiler

Para comprender la situación actual de la vivienda en España hay que mirar atrás en el tiempo y repasar su evolución en el mercado. Si hablamos de la compraventa, desde el año 2000 el sector ha experimentado una montaña rusa: la expansión del crédito, la construcción y la demanda impulsaron una escalada en los primeros años de siglo que culminó en 2007 con la burbuja inmobiliaria. Ese año, los precios alcanzaron niveles récords, antes de iniciar una prolongada caída con el estallido de la crisis financiera y el desplome de la actividad.

El mercado comenzó a recuperarse en torno a 2014 y, tras un impulso de los últimos ejercicios, el precio de la compra ha vuelto a dispararse en la actualidad, situándose en 2.355 euros el metro cuadrado de media a nivel estatal en el segundo trimestre de 2026 (aumentando un 12,5% con respecto a 2025), según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Ya en 2025, la vivienda registró su mayor subida anual desde 2007 con un incremento del 12,7%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y situando la media del precio por cuadro cuadrado en 2.239 euros en el último cuatrimestre. Esta evolución deja como resultado un mercado cada vez más tensionado e inaccesible para muchas personas.

Para los ciudadanos que viven de alquiler, la situación tampoco ha sido muy esperanzadora. El precio del arrendamiento protagonizó una primera etapa de fuertes subidas por el auge inmobiliario en los primeros años de la década de los 2000.

Los precios se moderaron en los años posteriores a la crisis de 2008. La recuperación económica y el aumento de la demanda, especialmente en las principales ciudades, volvieron a impulsar el encarecimiento de los alquileres. Solo durante la pandemia, en 2020, se frenó la subida de los precios, según el Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA) que elabora el INE.

Por regiones, actualmente Madrid es la provincia con el alquiler más elevado con una renta mensual media de 800 euros en vivienda colectiva y 883 en inmuebles familiares, frente Jaén, donde el alquiler de vivienda colectiva es de 400 euros al mes y el de vivienda familiar 348 euros, según los últimos datos del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI). En cuanto a la variación anual en este campo- el porcentaje que indica cuánto ha subido o bajado la renta de una vivienda en un año- se sitúa en el 2,54%, tal y como refleja el Índice de Referencia de Arrendamiento del INE.

Las principales propuestas de los partidos

Aunque la mayoría de las formaciones todavía no han presentado sus programas electorales, los líderes y portavoces de PSOE, PP, Vox, Frente Amplio y Podemos, los partidos con mayor intención de voto según el último barómetro del CIS de octubre 2026, ya han avanzado sus ejes centrales en esta materia.

Apuesta por más vivienda pública y alquileres más asequibles

La vivienda es el eje destacado de la campaña socialista desde que el Congreso tumbó los dos decretos propuestos por el Consejo de Ministros y que derivó en la convocatoria electoral. Sin el programa aún publicado, las referencias del partido en materia de vivienda son precisamente esos dos decretos reaprobados y pendientes en la Diputación Permanente. En este sentido, Sánchez declaró en un mitin celebrado el 11 de octubre de 2026 en Sevilla, que la política de vivienda “no puede tener fecha de caducidad”.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explicó en un acto organizado por el Club Siglo XXI el pasado 20 de octubre que el programa del partido socialista en esta materia será "ambicioso". Además, también defendió que la credibilidad del Gobierno pasa por explicar tanto las medidas que ha impulsado como aquellas que no pudo sacar adelante por la falta de apoyos.

Sus puntos clave, recogidos en los decretos mencionados anteriormente y en su página web son:

Parar los desahucios. Se amplía la vigencia del escudo social hasta el 31 de diciembre de 2030 y se mejoran los mecanismos de protección de las administraciones públicas.
Frenar la especulación y combatir el fraude en el alquiler. También se persigue paralizar las compras especulativas de los fondos y se reordena la fiscalidad de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) para que orienten su inversión a la vivienda asequible. Sobre los pisos turísticos, plantean incrementar su fiscalidad obligándolos a tributar como negocio y cerrar las vías de alquiler de temporada y por habitaciones utilizadas para eludir la protección de los contratos residenciales.

Reducir el esfuerzo económico de las familias aprobando bonificaciones fiscales dirigidas a rentas de hasta 33.000 euros y que, según las estimaciones de la Agencia Tributaria, llegarán a en torno a 1.600.000 hogares. Para ello se crea también "Tu casa", un préstamo a tipo cero para el acceso a la primera vivienda.
Más vivienda pública y protegida para siempre. Quieren proteger el parque público de vivienda, consolidar el modelo de Casa 47 y aplicar el IVA superreducido del 4% a la vivienda de promoción pública y a la vivienda protegida.
Estabilización de los alquileres y protección de los vulnerables sin que ello afecte a los pequeños propietarios.
Renovación automática de los contratos de alquiler. Esta norma, recogida en el segundo decreto, tiene como objetivo "que vivir del alquiler no sea vivir de segunda ni vivir en vilo", en palabras de la ministra Isabel Rodríguez.

Construir un millón de viviendas a lo largo de la legislatura como meta

El Partido Popular rechazó los dos decretos en esta materia propuestos por el Gobierno. Su alternativa se recoge a día de hoy en su decálogo de septiembre de 2026 y en su página web, donde apuestan por la oferta y la construcción de vivienda y en las recientes declaraciones de su líder, Alberto Núñez Feijóo. El objetivo es, según los documentos mencionados, "que España vuelva a ser un país de pequeños propietarios donde todo el mundo pueda acceder a la compra o alquiler de una vivienda”.

El líder del PP defendió recientemente el plan de su partido el 21 de octubre en un acto en Sevilla. En él propuso que se otorguen deducciones fiscales a quienes "prorroguen sus contratos por tres años, con subidas por debajo del IPC". "El inquilino se va a beneficiar del precio de la renta y el propietario de la deducción fiscal", señaló.

Sus iniciativas más relevantes en esta materia son:

Menos trabas y menos burocracia para la licencia de construcción de una vivienda. Aplicar el silencio administrativo positivo de 90 días.
Movilizar todo el suelo público disponible para construir viviendas y ofrecerlas en alquiler con un30% más barato que la media del mercado.
Flexibilizar las operaciones de regeneración urbana.
Plan Residencial Estratégico para reducir de 10 a 4 años el tiempo que se tarda en iniciar la construcción de una vivienda.
Colaboración pública y privada.
Aprobar una Ley del Suelo que dé seguridad real a los planes urbanísticos.
Más financiación para las CC.AA. que facilite la construcción de vivienda en su ámbito territorial.

Habilitar el uso de los remanentes sin gastar de los ayuntamientos a aquellos que faciliten e inviertan en la construcción de vivienda.
Impulsar la construcción con nuevas técnicas industriales para reducir los tiempos de ejecución material de vivienda.
Bajar el IVA y el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10 al 4% para los jóvenes que compran su primera vivienda.
Bonificar el impuesto de la renta a los jóvenes durante sus primeros 4 años de trabajo.
Hucha de Hogar Joven. Los jóvenes menores de 40 años podrán aportar hasta 2.000 euros al año a una cuenta de ahorro para la compra de su primera vivienda, con una deducción fiscal del 20% de lo aportado.
Ley contra la ocupación para desalojar a los ocupas en 48 horas y proteger la propiedad privada.
Apoyar a las familias vulnerables y la seguridad a los propietarios, no a quienes delinquen.

"Prioridad nacional" en el acceso a la vivienda pública y la liberación radical de suelo

Para la formación liderada por Santiago Abascal, la vivienda es, junto a las pensiones y la “remigración”, uno de los tres puntos fuertes con los que VOX abrió la precampaña el 11 de octubre en Estepona. Ignacio Garriga, secretario general del partido, avanzó que su prioridad es construir vivienda social “masivamente” y adjudicarla con “prioridad nacional”, de forma que los españoles sean los primeros en las listas.

Algunos de sus puntos clave en esta área, recogidas en el programa Económico de Vivienda de 2025 presentado en su asamblea y en declaraciones de Ignacio Garriga, secretario general del partido son:

Construcción "masiva" de vivienda social y adjudicarla con "prioridad nacional" de modo que los españoles sean "los primeros" en las listas.
Ampliación de suelo disponible, "fin del secuestro por parte de las administraciones públicas" y aceleración de los procesos de transformación del suelo con políticas pro-incremento de alturas y densidad.
Simplificación administrativa, aligeramiento de burocracia, trabas y trámites, reducción drástica de los impuestos que cobra el Estado desde que se adquiere un terreno hasta la finalización de la construcción.

Derogación de todas las medidas intervencionistas en el mercado de los alquileres y política de "mano dura" con la okupación y la inquiocupación. Desalojo policial en 24 horas en caso de okupación: se trata de una propuesta del grupo en las Cortes de Aragón. "Vox ha exigido instar al gobierno de España a que plantee las modificaciones normativas que posibiliten el desalojo exprés de los okupas en 24 horas. Que permita luchar contra las mafias de ocupación", señalaron en marzo de 2025.
Regulación de la proliferación masiva de viviendas de uso turístico y refuerzo del servicio de inspección de pisos turísticos ilegales.
Deducción del gasto en alquiler: agresivas deducciones fiscales en el IRPF para jóvenes.
IVA cero en la compra de primera vivienda, una propuesta del partido en Aragón en febrero de 2024. “Uno de los factores que ha dificultado el acceso a la vivienda de los españoles y que ha incrementado la edad de emancipación de los jóvenes es la eliminación de los incentivos fiscales en la adquisición de la vivienda”, expusieron entonces.

Suspensión de desahucios y prohibir la compra a fondos

Una de las novedades de estas elecciones es la aparición de esta coalición electoral impulsada por Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Catalunya en Comú, a la que se han sumado otras formaciones. El proyecto nació con la intención de reunir a las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE, aunque finalmente no ha logrado un acuerdo general con Podemos.

Ada Colau, la candidata de la formación ha destacado recientemente que quieren "impulsar políticas valientes y no solo hacer tuits o pancartas sobre el derecho a la vivienda" como promover un impuesto para desincentivar la acumulación de inmuebles y fomentar el alquiler asequible. Por su parte, Enrique Santiago, portavoz de IU y número 3 de Frente Amplio en Madrid, también se ha pronunciado al respecto explicando que "obligamos al PSOE a aprobar los 'decretos Maricarmen' e iremos más allá para acabar con el chiringuito montado por los fondos buitre a costa de nuestros derechos".

En cuanto a las propuestas de Sumar, el partido fundado por Yolanda Díaz, apuesta por reforzar la protección de los inquilinos mediante prórrogas y renovaciones automáticas de los contratos, además de suspender desahucios de hogares vulnerables y poner límites a las compras de fondos y grandes tenedores. El ministro de Cultura y miembro de la dirección de los Comuns, Ernest Urtasun, pidió el 14 de octubre “toda la fuerza del mundo” en las elecciones para que las políticas de vivienda se puedan implementar en el próximo Gobierno.

Las propuestas más relevantes sobre vivienda de Sumar son las que aportaron, junto con su socio de Gobierno, el PSOE, para los últimos decretos de vivienda, así como algunas declaraciones de sus dirigentes, como las de Ada Colau en una entrevista en Cadena Ser:

Aplicar un impuesto anual del 10% a los particulares que tengan cuatro o más viviendas, siempre que el valor conjunto de sus propiedades supere los 800.000 euros. En el caso de las empresas, se aplicaría desde la primera vivienda y no se aplicaría a las viviendas que se alquilen de forma estable y a precios asequibles.
Frenar la especulación inmobiliaria y la concentración de viviendas. Colau ha defendido cambiar la fiscalidad para evitar que la acumulación de inmuebles en pocas manos dificulte el acceso a la vivienda. La intención es que deje de resultar rentable especular con los precios del alquiler.
Ampliar el parque público de vivienda asequible. Alcanzar una inversión equivalente al 1 % del PIB para aumentar la oferta de vivienda pública, mediante la construcción de nuevos inmuebles, la compra de viviendas existentes y la rehabilitación. La recaudación del nuevo impuesto contribuiría a financiar esta medida.

Prórroga y congelación de dos años de todos los alquileres, para posponer el vencimiento de todos los contratos con carácter general durante dos años.
Suspensión de desahucios de hogares vulnerables hasta 2030 y blindar jurídicamente a las familias, prorrogar y endurecer el escudo social frente a los lanzamientos, además de prohibir desahucios sin alternativa habitacional.
Prohibir la compra de vivienda por fondos y grandes empresas. Según ha expresado recientemente Ernes Urtasun: “No podemos dejar que la vivienda sea un activo financiero en el que los grandes tenedores y los grandes fondos internacionales especulan”.
Regular los alquileres turísticos, de temporada y por habitaciones y endurecer la fiscalidad.

Bajar un 40% los alquileres y expropiar las viviendas de fondos

La formación morada liderada por Irene Montero ha colocado la vivienda como uno de sus puntos fuertes de la campaña. De hecho, el lema de su candidatura es ‘Paz, casa, trabajo’.

Sin el programa aún publicado, en su página web recogen que “la vivienda no puede ser un negocio, los precios tienen que ser justos y nadie que quiera especular debería poder comprar una vivienda”. Su planteamiento es el más contundente en materia de reducción obligatoria de los alquileres y limitación de la especulación inmobiliaria.

Irene Montero exigió el pasado 28 de septiembre que el decreto de vivienda que propuso el Gobierno incluyera “expropiar las viviendas a los fondos buitres para ponerlas en alquiler social”. El objetivo, según subrayó, es que se pueda disponer de “cientos de miles de viviendas a un precio justo, para que la gente que lo necesite pueda vivir en casas por un precio justo. Y además así ampliamos el parque de vivienda, que en España es muy pequeño”.

En una entrevista reciente en 'La Revuelta' de TVE, Irene Montero avanzó algunas de las medidas que Podemos quiere proponer en materia de vivienda.

Intervenir el mercado de la vivienda bajando un 40% los alquileres y prohibir la especulación.
Limitar la compra de viviendas a quienes no tengan intención de residir en ellas.
Expropiar el uso de viviendas en manos de fondos buitre para destinarlas al alquiler social a precios justos.

Además, en su último programa electoral alojado en la web del partido se recogen las siguientes medidas:

Crear un gran parque público de precio asequible mediante la cesión obligatoria y las sanciones a los grandes tenedores de vivienda vacía, así como la construcción de vivienda donde sea necesario.
Luchar contra los fondos buitre y la especulación con la vivienda. Auditar los activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas con dinero público e incorporar a los programas de vivienda las viviendas cedidas a fondos buitre o a la Sareb. Elaboración de un censo público de viviendas vacías de entidades financieras, fondos de inversión y empresas.

Poner coto a la excesiva proliferación de pisos turísticos para recuperar la habitabilidad de los barrios y avanzar hacia un modelo de turismo sostenible.
Prohibir los desalojos sin alternativa habitacional. En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas y sus familias en situación de vulnerabilidad, sin que la Administración competente garantice un realojo en condiciones dignas, ya sea en casos de impago de alquileres o por ocupación en precario motivada por la falta de vivienda asequible.
Garantizar el derecho a la defensa de los deudores y las deudoras hipotecarias. Proponen cambiar el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar todos los medios de defensa y de prueba y para que se aplique de manera correcta la normativa europea de protección de las personas consumidoras.
Protección para las personas sin hogar. Para la formación, la ausencia de ingresos provoca la carencia absoluta de vivienda o de una vivienda segura y adecuada, lo que constituye el punto de partida de un conjunto de vulnerabilidades que afectan a la salud y a la dignidad de las personas en situación de sinhogarismo.

Qué proponen PSOE, PP, VOX, Frente Amplio y Podemos sobre vivienda para el 29N