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PSOE y Unidas Podemos han presentado hoy en el Congreso una proposición de ley para reformar el delito de sedición. El delito cambia de nombre y también rebaja las penas. Lo anunció anoche el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este procedimiento parlamentario elegido por el Ejecutivo es una reforma por la vía urgente, que permite evitar los informes del Consejo de Estado y del Poder Judicial.
La respuesta del resto de grupos no se ha hecho esperar. En Cataluña, tanto Esquerra Republicana como el PdeCat han mostrado su satisfacción, mientras que en el PP, Ciudadanos y Vox la crítica es unánime. Los Populares hablan de "pagos" que permiten seguir en Moncloa.
El nuevo delito se llamará de 'desorden público agravado'. El de sedición desaparece por completo del Código Penal. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que el objetivo es adaptarse al resto de las democracias europeas.
La proposición de ley que presentarán hoy en el Congreso, PSOE y Unidas Podemos, rebajaría "las penas por esos delitos, pues serán las penas que ahora mismo se están catalogando en códigos penales de democracias europeas", en palabras de Sánchez.
Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, asegura que se avanza en el diálogo y en el respeto a la plurinacionalidad de nuestro país.
El nuevo delito de "desorden público agravado" establece, según la proposición de ley de los socios de Gobierno, una pena máxima de 5 años de cárcel. Según el texto, la figura del delito de desórdenes agravados actuará contra aquellos que "en grupo" atenten "contra la paz pública" y exista "violencia o intimidación".
En concreto el texto propone penas de 3 a 5 años de prisión --frente a los 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente-- e inhabilitación de 6 a 8 años --frente a los 10 a 15 años que establece la ley actual--. Para ello se deroga el artículo 544 y se modificaría modificar 557 para crear el delito de "desórdenes públicos agravados".
La proposición de ley recoge que "serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios".
Y añade que "los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público". "En caso de hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años", precisa la propuesta.
El jefe del Ejecutivo niega que reforme el delito de sedición para ganarse el voto de los independentistas. Dice que éstos lo que quieren "es la amnistía, algo que desde luego este Gobierno va a aceptar y que desde luego no entra ni en la legislación ni en el Constitución española".
Desde el PP, su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, dice que el Gobierno está pagando a sus socios las hipotecas que le permitan seguir en La Moncloa.
El líder Vox tan solo ha escrito una palabra: Traidor. Mientras que, desde Cataluña, el president de la Generalitat, apunta que la eliminación del delito de sedición ayudará a resolver el conflicto político.
La proposicón de ley orgánica de modificación del delito de sedición en el Código Penal conseguirá evitar los informes del Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial y una vez superadas las enmiendas a la totalidad de los grupos parlamentarios, seguirá su tramitación parlamentaria donde si caben enmiendas parciales tras la negociación de los partidos.
PSOE y Unidas Podemos argumentan en el texto que "la escasa aplicación que hasta fechas recientes ha experimentado" el delito de sedición "ha impedido apreciar con claridad los graves problemas de interpretación que se derivan de la difícil delimitación del tipo penal y de la confusa definición de la conducta típica".
Así las cosas, hacen hincapié en que "en otros ordenamientos es difícil encontrar un delito específico que pueda identificarse con este delito de sedición del artículo 544 del Código Penal". A su juicio, "es deber del Estado dotar al ordenamiento de tipos penales que permitan dar la respuesta jurídica más adecuada a los nuevos retos para la convivencia que plantea el presente y que, como es lógico, no son recogidos en toda su complejidad en una legislación de hace dos siglos".