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La proposición de ley para reformar el Código Penal presentada este viernes por el grupo socialista y Unidas Podemos para transformar el delito de sedición en desórdenes públicos agravados se tramitará previsiblemente por vía de urgencia, ya que así se lo han solicitado a la Mesa del Congreso al registrar la iniciativa.
El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha señalado que el objetivo es que esté aprobada "cuanto antes" y el de Unidas Podemos, Jaume Asens, no ha descartado que pueda ser antes de fin de año, gracias a un procedimiento que acorta a la mitad los plazos de tramitación.
La reforma entrará en vigor, según se indica, a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y se especifica que la ley se aplicará de forma retroactiva "si las disposiciones de la misma son más favorables para el reo, aunque los hechos hubieran sido cometidos con anterioridad a su entrada en vigor". Las reacciones no se han hecho esperar.
- REFORMA DE LOS DELITOS DE DESÓRDENES PÚBLICOS
Patxi López ha preferido decir que la sedición se "europeíza", en vez de hablar de eliminación, pero la proposición de ley deja claro, en su artículo 13, que "se suprime el Capítulo I del Título XXII" del Código Penal, el que regula la sedición.
Borrado ese capítulo, la reforma se centra en los delitos de desórdenes públicos y determina que serán castigados con pena de prisión de seis meses a tres años quienes, "actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios".
El castigo será de tres a cinco años de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando los desórdenes los cometa "una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público".
Si quien comete el delito es una autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años.
La reforma especifica que las penas se impondrán en su mitad superior (de cuatro a cinco años) si se recurre a instrumentos peligrosos o se realizan actos de pillaje y que se aplicarán en un grado superior (de cinco a siete y medio) si se portan armas de fuego.
Se suprime además el artículo 559, que actualmente castiga la distribución o difusión pública de mensajes o consignas que inciten a la alteración del orden público.
- CASTIGO PARA LA OCULTACIÓN DE UN CADÁVER
Se reforma el artículo 173 para introducir entre los delitos contra la integridad moral un castigo específico para quien oculte un cadáver, por el sufrimiento añadido que causa. Según la propuesta, se castigará con una pena de seis meses a dos años de prisión a quien oculte "de modo reiterado" información a los familiares o allegados de la víctima.
- COMBATE DEL CONTRABANDO DE MATERIAL DE DEFENSA
Además del Código Penal, la proposición de ley reforma la Ley orgánica de Represión del Contrabando, para intentar perseguir de forma más efectiva el contrabando de material de defensa o de productos y tecnología de doble uso.
Se castiga así de forma específica la "conspiración y la proposición" para cometer ese delito.
- TRASPOSICIÓN DE DIRECTIVAS COMUNITARIAS
La coalición de gobierno aprovecha la reforma para trasponer varias directivas europeas, como la aprobada en 2019 para luchar contra el fraude y la falisificación de medios de pago distinto del efectivo, como tarjetas bancarias o cheques de viaje.
En abril la Comisión Europea urgió a España a introducirla en la legislación nacional y en mayo el Consejo de Ministros dio luz verde a un anteproyecto de ley orgánica diseñado por Justicia para hacerlo, pero no ha tenido recorrido desde entonces.
Se traspone también una directiva de 2019 encaminada a dotar a las autoridades de competencia nacionales de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior y otra sobre sanciones penales aplicables al abuso de mercado.