Ponen las primeras pulseras de control a condenados excarcelados por la ley del solo sí es sí
Se están instalando pulseras telemáticas no solo a agresores machistas, sino también a otros condenados con orden de alejamiento
La violencia de género de 2022: 49 mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas, una más que el año anterior
Al menos 45 condenados se han beneficiado de la Ley del 'solo sí es sí' y 11 han sido excarcelados
Las primeras pulseras de seguimiento a agresores sexuales excarcelados por la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí ya han sido instaladas, según ha informado la delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.
Rosell ha adelantado que "los dispositivos que se han solicitado por orden judicial se encuentran todos instalados", aunque no ha querido detallar el número concreto "por la seguridad de las víctimas".
Igualdad dio instrucciones en diciembre al centro encargado de gestionar las alertas, a la Fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial para atender en 24 horas a las mujeres que pidieran dispositivos telemáticos de control de sus agresores cuando estos vean recortada su pena de prisión en aplicación de la ley del solo sí es sí.
Esta es una de las medidas que incluye la norma, donde se estipula la ampliación del uso de estos dispositivos no solo para víctimas de violencia de género -cuyos agresores son parejas o exparejas-, sino también para otros tipos de víctimas de violencia machista, siempre que sus agresores tengan penas de alejamiento pendientes y la instalación de la pulsera se haga por orden judicial.
Cerrar la brecha de protección
Rosell ha expresado que medidas como esta pretenden "cerrar la brecha de protección que había entre una violencia y otra" y ha hecho hincapié en otros puntos de la ley que apuntan en esta dirección.
Es el caso de la disposición final cuarta, que modifica el artículo 36 del Código Penal para impedir el acceso del agresor al tercer grado penitenciario hasta que no haya cumplido la mitad de la condena y si no hay un informe acerca del aprovechamiento por el reo del programa de tratamiento para condenados por agresión sexual.
"Este punto retrasa la puesta en libertad", ha subrayado Rosell, quien también apostilla que tras la excarcelaión de estos presos "siempre debería estar vigente una orden de alejamiento" de entre 1 y 10 años de duración posteriores a la pena de prisión.