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"Se trata de que valoren nuestro trabajo en lo que vale, hay muchas cosas que dependen de nosotros y nuestro salario no se ha adecuado a las responsabilidades que asumimos en 2009, que fueron muchas", reflexiona Carmen Castellano desde su despacho en el juzgado Nº 40 de lo Social de Madrid. Letrada de la Administración de Justicia desde hace 14 años, es una de las que sigue la huelga que comenzó el 24 de enero, aunque este martes se ha incorporado a trabajar, excepcionalmente, a fin dar a conocer el día a día de un Letrado de la Administración de Justicia.
NIUS la acompaña en esta jornada que empieza a las 8:00 en punto. Sobre la mesa, le esperan las carpetas de los siete juicios previstos para el día -las partes han anulado otros siete-; un centenar de firmas que emitir electrónicamente; una veintena de correos electrónicos; y dos pantallas de ordenador para manejar varias aplicaciones a un tiempo. Lo que se apila en los despachos de este edificio, junto a la madrileña Plaza de España, son los conflictos entre empresas y trabajadores, o con la administración.
En ese escenario, Carmen se pone manos a la obra con la agenda, una de sus responsabilidades. Ella reparte el trabajo entre los siete funcionarios del juzgado que no dejarán de entrar y salir de su despacho en toda la mañana. Unos le acercan expedientes; otros le piden que revise un papel; otra entra para entregarle una demanda de última hora: se trata de un caso en que se denuncia vulneración de derechos fundamentales y que añade una petición de medidas cautelares.
Carmen tendrá que dar salida a esa demanda el mismo martes porque al ser de vulneración de derechos fundamentales "forma parte de los servicios mínimos" señalados por el Ministerio de Pilar Llop. Lo primero que hará, cuando tenga un momento, será ver que es formalmente correcta, después buscará un hueco en la agenda para señalar fecha de juicio y finalmente la trasladará a los funcionarios para que le den curso y citen a las partes.
Dar entrada a las demandas es uno de sus trabajos clave. Los LAJ comprueban que se cumplen todos los requisitos y revisan si aparejan alguna situación excepcional. Por ejemplo, en la de vulneración de derechos fundamentales, la petición de medidas cautelares le lleva a hablarlo con la jueza. Así que antes de tramitarla, repasan juntas la situación. Después, se vuelve a entregar a la funcionaria para que lo ponga en marcha de forma urgente.
Esa conversación con la jueza es una "dación de cuenta", es decir, informarle de algún asunto clave de un expediente. Carmen nos explica que ella delega algunas de esas conversaciones en sus funcionarios y que, dependiendo del caso, les dice a ellos que hablen directamente con la jueza, algo que también ocurre en esta fría mañana de martes.
Entre gestiones de ese tipo, las firmas en el ordenador y las lecturas de papel, Carmen va recibiendo noticias: "Los primeros han conciliado", le anuncia una funcionaria de su equipo. Juntas revisan el acuerdo previo al que el trabajador y la empresa han llegado por sí mismos, sin necesidad de hablar con la Letrada de la Administración de Justicia o a la jueza. Y una vez visto, se genera el acta para su firma y resolución del conflicto.
Pero hay más. La primera vez que la jueza, sustituta en el juzgado, pasa por su despacho es para saludar, pero también para pedirle que le firme un certificado de que está cumpliendo con la sustitución y se ha incorporado al cargo: "Así es todo", comentan las dos, mientras miran los papeles, resignadas por la burocracia que también les afecta a ellas. Para confirmar que "así es todo", poco después entra otra jueza, que antes pasó por ese mismo juzgado y necesita el mismo certificado. "No somos jefes de recursos humanos", comenta Carmen mientras expide el papeleo.
Entretanto, Carmen mira desesperada al móvil. Son las once y media y aún y no les han notificado los servicios mínimos para los próximos días, así que aún no sabe qué día le tocará trabajar esa semana, si es que le toca. En esas anda cuando llegan las noticias del segundo procedimiento del día: "Los segundos también han conciliado", dice otra funcionaria. Se trata, de nuevo, de un acuerdo entre los abogados de las dos partes hecho en el mismo pasillo de los juzgados.
Pero no todo transcurre igual. La mañana avanza y llegan "los terceros". A ella la pilla a mitad de bocadillo, que tiene que guardar a medias para atender el asunto. Se trata de un trabajador que ha demandado a su empresa por imponerle una sanción leve. Es una simple amonestación (una reprimenda por escrito), pero no hay acuerdo previo. Así que Carmen entra en la sala de vistas para hablar con sus abogados e intenta convencerles de que lleguen a un acuerdo. Por un lado, la empresa considera que la amonestación ya es la pena más leve y no quiere dejarlo pasar; por su parte, el trabajador rechaza las acusaciones de sus empleadores. Así que al final, la jueza tiene que intervenir y celebrar un juicio para escuchar, no sólo a las partes, sino a los testigos del caso, antes de decidir a quién da la razón.
El intento fallido de mediación, Carmen lo hace con toga. La usa en estos casos para imprimir una cierta autoridad que ayude a que prospere la conciliación entre las partes, aunque en este caso, no ha servido.
A las 13:10, llegan dos noticias: una del Ministerio de Justicia, donde se acaban de tomar un descanso a la negociación; la otra, los servicios mínimos. Carmen tendrá que volver a trabajar el jueves: "Nos prometieron algo, y deben cumplirlo. Yo siempre digo que no se debe prometer nunca lo que no se puede cumplir", exclama en referencia al acuerdo al que Justicia y los LAJ llegaron hace unos meses. Esta Letrada lamenta que Pilar Llop se esté "poniendo de perfil" en lugar de colocarse "al frente de la negociación" para llevar a buen fin las conversaciones.
Esta mañana no hay tiempo ni para un café. Pero en un momento de respiro, Carmen y su compañera del juzgado más cercano comentan que los LAJ son "los grandes desconocidos de la Justicia", pero insisten en que "hacen muchas cosas".
Por ejemplo, ellos son los guardianes de los expedientes: "Si se pierde un documento es mi responsabilidad", nos dice. Y otra, nada menor, la de llevar la cuenta del juzgado, ahora paralizada en el suyo y con 600.000 euros congelados.
Pero si hay una función fundamental, es la "fe pública". "Es la principal garantía de los ciudadanos", repite Carmen varias veces, explicando que su presencia en un juicio, o en una declaración sirve para constatar que ese acto ha existido.
Es cierto que ahora ya no tienen que entrar en sala porque las sesiones se graban, pero igualmente tienen que firmar la grabación del acto celebrado, porque esa es una parte de sus responsabilidades. Si no está su firma, todo puede quedar anulado según el artículo 146 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Precisamente durante la mañana, llega un auto de un juez de León, que ha decidido celebrar vistas sin la presencia de los LAJ. La resolución se está haciendo viral entre jueces y letrados. La propuesta procedente de León pasa por que los letrados firmen después, cuando se incorporen tras la huelga. Con gesto preocupado, Carmen lee el auto y comenta que les están "puenteando la huelga".
Este martes, dos de los juicios se suspenden porque los "actores no se han presentado". Normalmente, se abandonaría el caso, pero Carmen pide a sus funcionarios que llamen a los abogados para preguntar si están de camino o hay algún problema, porque la huelga ha generado una "situación excepcional".
Desde hace un par de semanas, y atendiendo a una sugerencia del comité de huelga, los letrados han comenzado a informar de las suspensiones, celebrar bodas y a pagar pensiones de alimentos. Pero hay mucho dinero en las cuentas de consignaciones bloqueado porque se dedica a otras cosas. Carmen nos explica que en la cuenta de la que es responsable hay unos 600.000 euros paralizados. Es dinero que debería pagarse a trabajadores o empresas y que está ahí, pagado por el deudor, pero retenido.
Y ese dinero seguirá aumentando de momento, porque la huelga continúa de momento. Si los LAJ alcanzaran sus reivindicaciones salariales, a ella podría suponerle hasta 500 euros más, pero eso en el mejor de los casos para ellos. Además, por el avance de las negociaciones parece difícil: "Esta huelga está suponiendo una parálisis importante, pero también lo supuso la pandemia y nos levantamos. Ahora también lo haremos", afirma mientras ordena que se levante el embargo a una empresa que ha pagado dos veces una indemnización por error.
La jornada de NIUS en el despacho de Carmen termina sobre las dos y media de la tarde, con ella a punto de marcharse a las puertas del Ministerio para arropar a sus compañeros del comité de huelga que seguían reunidos a esas horas.
La reunión, en realidad, duró muy poco más. A las cuatro de la tarde, las partes se levantaron de la mesa, de nuevo sin acuerdo, un mes y cuatro días después del inicio del paro.