Irene Montero comenta la condena a Dani Alves: "Se acabó la impunidad. Solo sí es sí"

 La exministra de Igualdad, Irene Montero, ha celebrado la condena al futbolista Dani Alves por agresión sexual a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona. líder de Podemos ha expresado su satisfacción en la red social X subrayando que "es el resultado de la lucha feminista por el derecho a la libertad sexual y por poner el consentimiento en el centro". "Se acabó la impunidad. Solo sí es sí".

La exministra ha comentado en la red X la resolución judicial de la Audiencia de Barcelona "establece con claridad que cometió una agresión sexual porque la víctima no consintió".

Además ha explicado cómo la sentencia podría haber sido otra sin la Ley del Solo sí es sí. "Con el modelo penal anterior un acto sexual sin consentimiento no era penado como agresión sexual (había que demostrar violencia). Y la mayoría de agresores quedaban en la impunidad en los procesos judiciales o en el juicio social que cuestionaba antes a la víctima que al agresor".

El fubolista, que cambió varias veces su versión, finalmente ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión por la agresión sexual a una joven en un lavabo de la discoteca Sutton el 30 de diciembre de 2022. Alves, además tendrá que compensar a la víctima con 150.000 euros.

Dani Alves agredió sexualmente a su víctima sin consentimiento, con violencia, según la sentencia

El tribunal considera probado que Dani Alves "cogió bruscamente a la denunciante, la tiró al suelo y evitando que pudiera moverse la penetró vaginalmente, pese a que la denunciante decía que no, que se quería ir”, uno de los puntos que contempla la llamada ley del solo sí es sí y una reivindicación de Irene Montero cuando la impulsó.

Los jueces en su sentencia consideraron que en el caso que ha sentado al futbolista en el banquillo "se cumple el tipo de ausencia de consentimiento, con uso de la violencia, y con acceso carnal”. 

Dani Alves, además permanecerá en libertad vigilada durante 5 años una vez cumplida la pena de prisión y tiene orden del alejamiento de la víctima, así como del domicilio o lugar de trabajo de esta durante nueve años y seis meses.

La Fiscalía había reclamado una condena de 9 años de cárcel y la acusación particular, que ejerce la denunciante, reclamó 12.

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