Baleares recurre el real decreto que regula el reparto de menores migrantes no acompañados porque "vulnera" la Constitución
El Govern considera que este real decreto "afectaría gravemente a la autonomía financiera" de Baleares
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El Govern de Baleares ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) contra el real decreto que regula el reparto de menores migrantes desde las islas canarias. Se suma a otras comunidades gobernadas por el Partido Popular que rechazan la norma para aliviar la saturación de los servicios que acogen a los menores extranjeros en Canarias, Ceuta y Melilla.
El Govern considera que este real decreto "vulnera los principios constitucionales de autonomía y solidaridad entre comunidad autónomas y no garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos en el reparto de menores". Además, ha añadido, "afectaría gravemente a la autonomía financiera" de Baleares, dado que "pondría en peligro el sistema de protección de menores y dificultaría la gestión de los recursos destinados a esta finalidad"
Esta es la segunda acción judicial impulsada por el Ejecutivo autonómico para frenar el efecto de la norma que facilitará desahogar a Canarias, Ceuta y Melilla con sus servicios colapsados. Después de que el pasado marzo, a la par que otras comunidades gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE), interpusiera un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la modificación de la ley de extranjería.
La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas ha anunciado su decisión este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern.
El Gobierno balear acusa a la norma de vulnerar los principios constitucionales
El nuevo recurso que ahora interpondrá la Abogacía de Baleares, en cambio, va dirigido contra el real decreto 658/2025, de 22 de julio, por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada.
El Govern ha considerado que este real decreto "vulnera los principios constitucionales de autonomía y solidaridad entre comunidad autónomas y no garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos en el reparto de menores".
Esta regulación, ha añadido, "afectaría gravemente a la autonomía financiera" de Baleares, dado que "pondría en peligro el sistema de protección de menores y dificultaría la gestión de los recursos destinados a esta finalidad".
Los servicios de protección de menores de los consells consells insulares de Baleares cuentan con un total de 72 plazas de acogida específicas para menores extranjeros no acompañados, un 17,7% de las 406 que el Gobierno ha fijado como su capacidad ordinaria.
