El decreto de 'solidaridad obligatoria' para el reparto de migrantes menores no acompañados entra en vigor frente a la ofensiva judicial del PP
Las comunidades del PP han recurrido en los tribunales el mecanismo de reparto: Madrid ha anunciado un tercer recurso ante el Tribunal Supremo
Félix Bolaños defiende "transparencia" en reparto de menores migrantes y avisa de consecuencias legales a CCAA que no cumplan
Este jueves 28 de agosto la cuestión migratoria ocupa un tema central en la agenda política al entra en vigor la denominada “solidaridad obligatoria”: el traslado a la península de los menores no acompañados que ahora acogen Canarias, Ceuta y Melilla. Son un total de 3.000 inmigrantes, pero el Gobierno no lo va a tener fácil, dado que la mayoría de las comunidades lideradas por el PP rechazan este reparto.
Desde Canarias, como informa en el vídeo Romen García, el Gobierno insular ha solicitado ya activar la contingencia migratoria en el archipiélago, al tiempo en que el presidente Fernando Clavijo ha asegurado que la Fiscalía tendrá que intervenir en caso de no materializarse los traslados.
Al respecto, ha pedido dejar fuera de esta cuestión la “política xenófoba y fascista”, en una alusión a las comunidades presididas por el PP, que han anunciado ya que recurrirán a los tribunales este decreto, como Andalucía y Madrid.
Defendiendo el decreto, el presidente de Canarias ha insistido en que esta medida favorecerá también a las autonomías gobernadas por los populares que reciben migrantes, como las Islas Baleares.
La contingencia migratoria y el traslado de menores no acompañados de Canarias
Con más de 5.000 menores migrantes no acompañados Canarias triplica su capacidad de acogida. En esa situación, de contingencia migratoria, Fernando Clavijo insiste en que “ya no hay más excusas para que la ley se cumpla”.
Dicha ley permitirá el traslado a la Península de más de 3.000 menores “para que se pueda resolver el grave problema de hacinamiento” en Canarias, como explica su presidente.
Las comunidades del PP “van a cumplir la ley en cualquier caso”, ha dicho el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, aunque se oponen desde el principio a un reparto que señala a Andalucía, Madrid y Valencia como los lugares donde más deben acoger y que exime a Cataluña y el País Vasco. Según el PP, porque el Gobierno no quiere contrariar a sus socios de investidura.
“A Cataluña y el País Vasco no van porque los gobiernos catalán y vascos han dicho que por ahí no pasan”, asegura Bendodo.
No obstante, a ese respecto, el Gobierno responde que la razón es que Cataluña y País Vasco ya acogen más menores de los que les corresponden e insisten en que el reparto se basa en criterios objetivos y matemáticos
“Establece en 32 menores no acompañados migrantes por cada 100.000 habitantes, y es una ratio que se aplica a todas las comunidades autónomas por igual”, ha señalado Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
El PP lanza una ofensiva judicial contra el reparto de migrantes del Gobierno
Mientras, Andalucía, la que más debe acoger, pone un nuevo elemento en el debate: “No tiene sentido que nosotros, que somos frontera sur de Europa, no se nos considere frontera y al País Vasco sí se le considera frontera”.
Así, las comunidades del PP han recurrido en los tribunales el mecanismo de reparto. En el caso de Madrid, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso anuncia un tercer recurso ante el Tribunal Supremo; una ofensiva judicial que no paraliza, de momento, la obligatoriedad de los traslados.
