El Gobierno propone incluir el derecho al aborto en la Constitución

El Gobierno propone incluir el derecho al aborto en la Constitución, aunque no tiene apoyos suficientes
Una concentración para exigir el derecho al aborto libre en la sanidad pública en el Ministerio de Sanidad, en 2025. Matias Chiofalo / EUROPA PRESS
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Tras la polémica suscitada en el Ayuntamiento de Madrid por el inexistente 'síndrome posaborto', el Gobierno toma cartas en el asunto y anuncia que quiere incluir el derecho al aborto en la Constitución. El Ejecutivo señala que el Tribunal Constitucional ya reconoció la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho esencial de las mujeres.

El Gobierno propondrá una reforma de la Constitución para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna a fin de "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres", para lo que se necesitará una mayoría cualificada.

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El Ejecutivo señala un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, en alusión a la polémica en el Ayuntamiento de Madrid.

En el Pleno de Cibeles se debatió el pasado martes una propuesta de Vox para informar a las mujeres en los centros dependientes del Consistorio sobre el "síndrome posaborto", que salió adelante con los votos de la formación y de PP, mientras que PSOE y Más Madrid votaron en contra.

El Gobierno impulsará para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna un procedimiento de reforma ordinaria de la misma, lo que requeriría de una mayoría cualificada. El Ejecutivo recuerda que el Tribunal Constitucional reconoció la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como un derecho esencial de las mujeres en su sentencia 44/2023, de 9 de mayo.

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España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024.

El Gobierno combate teorías sin base científicas

El Gobierno busca combatir “cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres”. Por eso, también impedirá la difusión de información falsa o engañosa que pueda coaccionar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo con la modificación del Real Decreto 825/2010.

Esta reforma pretende establecer la obligación de que toda la información que se brinde en materia de IVE tenga base científica objetiva y esté respaldada por estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), señala el Ejecutivo. “Teorías sin base científica como el supuesto ‘síndrome posaborto’ no tendrían cabida en estas clasificaciones”.

Qué es el llamado 'síndrome posaborto'

La concejala de Vox, Carla Toscano, expuso que este síndrome implica para las mujeres que abortan mayor riesgo de sufrir "depresión, un profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia y bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad, y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplica al de las mujeres que no han abortado".

El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, tras la polémica ha afirmado este jueves en un acto en el Colegio de Médicos, dando marcha atrás en la postura popular, que el supuesto 'síndrome post-aborto' "no es una categoría científica reconocida" y que, en todo caso, la información que se facilitará a las mujeres que así lo deseen "no se va a determinar por Vox" sino "por parte de los profesionales del Ayuntamiento de Madrid".

"Tenemos un extraordinario equipo de profesionales en el Ayuntamiento de Madrid que no le van a dar ningún tipo de información falsa a la mujer, no se puede dudar de los profesionales que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid", sentenció.