Teresa Peramato, nueva fiscal general del Estado: quién es y qué pasos hay que dar para su designación

El Gobierno propondrá este martes en el Consejo de Ministros a Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado. La propuesta sitúa en la institución a una fiscal de carrera con 35 años de ejercicio, progresista y con una amplia trayectoria en la lucha contra la violencia de género, materia en la que ha estado involucrada durante buena parte de su carrera.

El Consejo de Ministros iniciará este martes -Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer- el proceso para nombrar a Peramato (Salamanca, 1962) como nueva fiscal general del Estado, a propuesta del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en sustitución de Álvaro García Ortiz, que presentó este pasado lunes su renuncia tras la condena del Tribunal Supremo.

La trayectoria de Teresa Peramato

Peramato, actual fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal, ha desarrollado buena parte de su carrera como fiscal en el ámbito de la lucha contra la violencia de género. De hecho, es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia.

En 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid y, posteriormente, miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual en 2007. Además, ha ocupado el cargo de fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025. Fue mano derecha de Soledad Cazorla, primera fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer cuando se puso en marcha esta fiscalía y forma parte del fondo de becas que lleva su nombre para los niños y niñas huérfanos de la violencia de género.

Convencida de que la protección de las víctimas de violencia de género tiene que ir de la mano de la protección de sus hijos e hijas, ha batallado mucho por que la Fiscalía pida la suspensión de las visitas a padres maltratadores, como establece la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. También ha sido muy meticulosa a la hora de estudiar las grietas del sistema de protección judicial de las víctimas para tratar de darle solución.

Pertenece a la Unión Progresista de Fiscales, asociación en la que coincidió con García Ortiz y de la que fue presidenta entre junio de 2019 y octubre de 2021. Sin embargo, no tiene una adscripción política definida. Peramato es considerada una mujer de carácter, muy rigurosa, trabajadora e inteligente. Ingresó en la Carrera Fiscal en 1990, después de ejercer como abogada durante dos años. Es también Letrada de la Administración de Justicia en excedencia.

Ha ocupado destinos en las fiscalías de Tenerife, Valladolid, Barcelona y Madrid y, entre 2018 y 2021 fue fiscal adscrita a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, donde se ocupó de los recursos de súplica, recursos de amparo y cuestiones de inconstitucionalidad en materia penal y civil. En 2024 fue nombrada nueva fiscal jefe de la sección penal del Tribunal Supremo, a propuesta del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El nombramiento no contó con el apoyo de los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) ni el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)

Los pasos para designar a Teresa Peramato fiscal general del Estado

Con la propuesta del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de que Teresa Peramato Martín sea nombrada fiscal general del Estado se inicia el proceso para sustituir a Álvaro García Ortiz. El artículo 124.2 de la Constitución establece que el Fiscal General del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El nombramiento está a su vez regulado en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que en su artículo 29 establece además que el fiscal general del Estado será elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión.

Peramato, fiscal de carrera con 35 años de ejercicio, cumple esta condición. Ahora fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, es también fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal y tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos. Además, como decíamos, es una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en la lucha contra la violencia machista. La norma establece que al recaer el nombramiento sobre un miembro de la carrera fiscal, éste quedará en situación de servicios especiales, como fue el caso de García Ortiz, también fiscal de carrera.

Una vez aprobado este martes en el Consejo de Ministros la propuesta de Justicia, el siguiente paso lo dará el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que deberá emitir un informe no vinculante. Después, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados para que señale la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión correspondiente de la Cámara, a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto. Una vez nombrada, la fiscal general del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.

El mandato del fiscal general del Estado tendrá una duración de cuatro años y únicamente podrá cesar antes de que concluya dicho mandato por cinco motivos: a petición propia, por en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta Ley, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, y cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto. La existencia de cualquiera de las cuatro primeras causas de cese será apreciada por el Consejo de Ministros.