La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias de Leire Díez, del expresidente de la SEPI y del empresario, socio de Cerdán
Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso están siendo investigados por la presunta trama de comisiones en contratos públicos
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MadridLa Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo de las cuentas bancarias de la exmilitante del PSOE Leire Díez, del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y del empresario Antxon Alonso, todos investigados por la presunta trama de comisiones en contratos públicos.
La medida que ha sido ratificada por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, según ha adelantado 'El Confidencial' y han confirmado a Europa Press fuentes del caso. El bloqueo de cuentas, sin embargo, fue una decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, porque estaba de guardia, en los primeros pasos de la causa, pero finalmente ha recaído en Pedraz su proceso y ejecución.
Díez, Fernández y Alonso fueron detenidos este mes por su presunta participación en una trama que habría cobrado 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en cinco operaciones.
En la causa, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Según las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los tres investigados pertenecen a un grupo autodenominado "Hirurok" que "podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública".
Habrían actuado de manera coordinada con el objetivo "de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones" a través de "contratación y facturación mendaz", canalizando los fondos principalmente mediante la mercantil Mediaciones Martínez, plasmó el juzgado de Piña en una resolución.
La investigación de la UCO: una trama que alcanzaría a varias administraciones públicas
Los investigadores sospechan, según esa resolución, que la actividad de los investigados se habría desarrollado "al menos entre 2021 y 2023"; se habría proyectado a "distintos puntos del territorio nacional, alcanzando varias administraciones públicas", y habrían adoptado medidas de seguridad para garantizar "la más discreción y confidencialidad de sus actuaciones".
El informe, explica, que han detectado cinco operaciones en las que habrían conseguido decisiones favorables a sus intereses desde diversas administraciones "y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI", que presidió Fernández entre junio de 2018 y octubre de 2019.
El juez Piña dejó en libertad a los tres pero les impuso como medidas cautelares la retirada de pasaporte, la prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.