El histórico proceso que derribó al fiscal general del Estado: la caída de Álvaro García Ortiz

El 2025 será recordado como el año en que el Tribunal Supremo, la cúpula judicial del país, condenó al fiscal general del Estado, máximo representante del Ministerio Público, por filtrar datos reservados del caso de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en un procedimiento que fracturó a la clase política y a las instituciones.

El tribunal impuso a Álvaro García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados, en una sentencia que contó con el voto particular de dos magistradas, que apoyaban la absolución.

Se trata del primer fiscal general que ha sido imputado, procesado, juzgado y condenado, todos ellos hechos insólitos con una importante carga política detrás, por la férrea defensa que de él siempre hizo el Gobierno, incluso tras hacerse pública la sentencia.

Porque García Ortiz se sentó en el banquillo de los acusados como fiscal general, pese a las exigencias de cese por parte de la oposición, liderada por el PP, en un sinfín de ocasiones, así como de dos asociaciones fiscales que reclamaron su renuncia, una de las cuales lo intentó sin éxito ante el propio Tribunal Supremo.

Desde su primera declaración en el Supremo el 29 de enero hasta la sentencia del 9 de diciembre, todo lo ocurrido ha sido un hito procesal histórico, incluido el hecho de que el tribunal adelantara el fallo tras apenas una semana de deliberaciones, sin tener redactada la sentencia, algo que, como cada decisión en esta causa, no estuvo exento de polémica.

Los "indicios reforzados" de su implicación

"Rotundamente no", dijo en repetidas ocasiones en su interrogatorio ante el magistrado Ángel Hurtado cuando fue preguntado si había filtrado el correo del 2 de febrero de 2024, en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía que había cometido dos delitos fiscales. Y ya en el juicio, cerró su declaración con el siguiente alegato: "La verdad no se filtra, la verdad se defiende".

Pero el alto tribunal condenó a García Ortiz tanto por la filtración a la Cadena Ser la noche del 13 de marzo de 2024 de ese correo, que le atribuye a él o a una persona de su entorno y con su conocimiento, como por la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, al explicar que existe una unidad de acción porque "la nota consolida la filtración iniciada por el correo" y la "oficializa".

El Supremo destacó el conjunto de "indicios reforzados" que permiten "construir un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente" contra García Ortiz porque también no ve una "explicación alternativa" que cuestione su autoría.

"El fiscal general no puede responder a una noticia falsa (el "bulo" difundido por el jefe de gabinete de Ayuso) mediante la comisión de un delito", dijo el Supremo, que subrayó que sobre él pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación.

Una renuncia sin esperar a leer la sentencia

García Ortiz renunció cuatro días después del fallo sin esperar al contenido de la sentencia, hecha pública 19 días después, el mismo día que el Ejecutivo aprobó el nombramiento de Teresa Peramato, su sustituta.

Y como era de esperar, la sentencia expuso aún más si cabe la dialéctica en el triángulo que forman el Gobierno, el PP liderado por Alberto Núñez Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez defiende a García Ortiz y afirma que "quien tiene que pedir perdón" es Ayuso; el PP puso el foco en el presidente del Gobierno por defender a un "delincuente"; y Ayuso subrayó que la sentencia "haría caer a plomo a cualquier gobierno en una democracia liberal".

El futuro del fiscal general

Pero el proceso no se agota aquí. Ahora arrancan dos vías. Primero, los recursos con un previsible incidente de nulidad que García Ortiz presentará en el Supremo como paso previo a acudir en amparo al Constitucional sin descartar la Justicia europea, para lo cual se apoyará en el argumentario de la dos magistradas que firmaron el voto particular.

Y, segundo, la probable actuación de la Inspección de la Fiscalía General que deberá estudiar si le expulsa o le suspende como fiscal, algo que el Supremo ve "excesivo" aunque reconoce que "las consecuencias extraprocesales de la condena" no es competencia suya.