La jueza pide imputar a Carlos Mazón: ahora se emitirá un informe y el TSJ decidirá admitirlo, denegarlo o seguir investigando
La jueza cree que su "exclusión voluntaria" en aquella emergencia "tuvo una repercusión decisiva" en el fallecimiento de 230 personas.
La jueza de la DANA eleva al TSJCV una exposición razonada contra Mazón por indicios de delito
La jueza que investiga la DANA pide al Tribunal Superior de Justicia la imputación de Carlos Mazón porque cree que su "exclusión voluntaria" en aquella emergencia "tuvo una repercusión decisiva" en el fallecimiento de 230 personas.
En un escrito de 109 páginas, 60 de las cuales dedica a las víctimas, la jueza sostiene que existe un "nexo causal" entre "la pasividad del president y las obligaciones propias de su cargo" y las muertes que produjeron las riadas de aquel 29 de octubre de 2024.
"El nexo común de una gran multitud de los fallecimientos -insiste la jueza- conforme revelan los vídeos, las declaraciones y la hora de los fallecimientos es la falta de avisos. Esa ausencia, esa pasividad en la adopción de medidas de coordinación, la falta de interacción con los cargos autonómicos ante una situación de extrema gravedad en la que el president optó por recluirse en el reservado de un restaurante".
La jueza ve una pasividad negligente en Mazón
La instructora Nuria Ruiz Tobarra considera indicios contra Mazón también el "escaso intercambio de las llamadas" que mantuvo desde el restaurante donde pasó buena parte de aquella jornada, "la escasa duración de las mismas o la falta de interacción con los responsables autonómicos".
Dicha pasividad cabe "calificarse como negligente y constituye un elemento decisivo en la producción del resultado mortal y lesivo que justifica la presente exposición razonada", añade.
A su juicio, "existen indicios" de la "eventual participación" de Mazón en el proceso de decisión del mensaje masivo Es-Alert por varios motivos: "La condición de José Manuel Cuenca de secretario autonómico, jefe de gabinete y persona de estrecha confianza convierte sus mensajes no en meras opiniones o consejos, sino en órdenes".
Además, la expresión "de confinar nada, Salo” (en un wasap de Cuenca a Pradas) posee en opinión de la instructora un "carácter claramente imperativo". "En definitiva, una insistencia en el control de la emergencia que solo puede responder de forma lógica a que obedeciera instrucciones de su superior", remarca.
Por todo lo anterior, la "negligencia" en la que supuestamente incurrió Mazón es "grave" en opinión de la instructora, y como tuvo un "resultado mortal y lesivo, su conducta podría ser incardinable en el artículo 142 bis del Código Penal", es decir, el que permite "elevar en uno o dos grados la pena por homicidio imprudente si el número de fallecidos fuere muy elevado".
Punto de inflexión en la causa
La acusación directa hacia el expresident que ha formulado la jueza de Catarroja podría marcar un punto de inflexión en esta causa judicial, que nació el 30 de octubre de 2024 y que, desde marzo de 2025, centraliza todos los fallecimientos ocurridos en las riadas.
De admitir el alto tribunal valenciano la tesis de los indicios contra Mazón, el resto de la instrucción judicial (quedan por declarar cerca de un centenar de testigos) pasaría a manos de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, la única instancia autorizada para investigar al expresident, que es aforado ya que conserva su acta de diputado autonómico.
Reacciones políticas y de víctimas
Tras conocer el paso que ha dado la instructora de Catarroja, la secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, ha afirmado que "tenía que llegar tarde o temprano", y que el expresident de la Generalitat está "más cerca del banquillo" y "los valencianos, de obtener justicia".
El Gobierno ha instado al Partido Popular a exigir a Mazón su acta como diputado autonómico, al igual que han hecho los grupos parlamentarios de la oposición en Les Corts, el PSPV-PSOE y Compromís.
Desde las filas del PP, su síndic en Les Corts, Nando Pastor, ha rechazado comentar u opinar la decisión de la jueza. "No somos como ellos y además no queremos serlo", ha manifestado en referencia a los partidos de izquierdas, y tampoco ha aclarado si el partido pedirá el acta de diputado al expresident.
Dos de las asociaciones de víctimas de la dana ven con "cautela" la decisión de la jueza de Catarroja de pedir que se investigue a Mazón, quien, consideran, "continúa protegido" por el Consell actual que preside Juanfran Pérez Llorca.
Y una vez hecha esta petición: ¿qué el lo que puede pasar?
Esa exposición razonada ha llegado ya al Tribunal Superior de justicia de la comunidad valenciana. Ahora se le trasladará a un juez que a su vez trasladara a la fiscalía para que elabore un informe. Después de ese informe el juez decidirá si, lo admite, comenzaría la investigación, lo rechaza porque no hay pruebas suficientes que justifiquen su imputación, o por el contrario lo devuelve a la jueza instructora para que siga investigando para reunir más pruebas y poder actuar contra él.
Las claves de 15 meses de instrucción
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, centraliza desde finales de enero de 2025 las diligencias previas 692/2024, abiertas el 30 de octubre de 2024 por 75 fallecimientos dentro de su partido judicial tras la dana.
Este juzgado se dedica, desde marzo de 2025, en exclusiva a la causa penal sobre la gestión de las inundaciones que causó la dana del 29 de octubre del año anterior, en la que se investiga el supuesto homicidio imprudente de 230 personas (una más está en examen) y las lesiones sufridas por “la ausencia de decisiones para salvaguardar a la población”.
El objeto del procedimiento es "la conexión entre la pasividad, el retraso manifiesto y de forma errónea en el aviso a la población, y la pérdida de las 230 vidas", y este martes la jueza ha situado al expresident de la Generalitat Carlos Mazón en el núcleo de responsabilidad por haberse "excluido voluntariamente" de la gestión de aquella tragedia.
En el sumario constan desde el 10 de marzo de 2025 como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.
La acusación es ejercida por 13 partidos (Podemos, Vox, PSPV-PSOE, Ciudadanos y Compromís); sindicatos (CGT e Intersindical) y diversas asociaciones entre las que figuran como más activas Acció Cultural del País Valencià o Mai Més, además de decenas de familiares de víctimas que ejercen la acusación particular.
Aparte de la acción penal, la Asociación de Damnificados por la dana Horta Sud Valencia abrió el pasado mes de octubre una nueva vía judicial de reclamación a la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por daños físicos, morales y aquellos bienes materiales que no hayan sido "suficientemente indemnizados", por valor de 58 millones de euros.
Desde diciembre de 2024 la jueza ha tomado declaración (entre València y Catarroja) a más de 400 testigos, en su mayoría familiares de víctimas, además de peritos, trabajadores de emergencias y algunos políticos, entre ellos el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, o el actual president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, cuando era secretario general de los populares valencianos y antes de suceder a Mazón en el cargo.
Fruto de las preguntas y diligencias ordenadas por la jueza instructora de Catarroja se han ido conociendo detalles clave sobre la gestión de la emergencia durante aquella jornada, tales como la hora de la llegada exacta de Carlos Mazón al Cecopi, el tiempo que permaneció allí (en l'Eliana), las decenas de miles de llamadas que recibió el 112 y las horas a las que se produjeron.
El aviso "tardío y erróneo" a la población -en opinión de la jueza- y el hecho de que no se vigilasen los cauces y barrancos, como era preceptivo en una situación de emergencia hidrológica, son elementos esenciales en el relato de hechos que va configurando la instructora.