Sanidad advierte a Isabel Díaz Ayuso que puede ser inhabilitada si no crea el registro de objetores al aborto
Mónica García ha recordado que en Madrid donde el 99 % de las interrupciones voluntarias del embarazo se derivan a clínicas privadas.
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MadridLa ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso con posible sanciones si no crea el registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo. La presidenta madrileña se enfrenta a una inhabilitación para ejercer cargos públicos o una multa si no cumple las resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La titular de Sanidad ha recordado a Isabel Díaz Ayuso que la Comunidad de Madrid es la única que no ha puesto en marcha el registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que así la obliga.
"Me permito recordar que el ordenamiento jurídico español es muy claro en este punto. El artículo 410 del Código Penal establece que las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales o a órdenes de la autoridad competente pueden incurrir en responsabilidades penales, con penas de multa e inhabilitación para cargo público", ha señalado la ministra de Sumar, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso.
Mónica García ha señalado que todas las comunidades autónomas han ido dando pasos para aplicar el registro, excepto la Comunidad de Madrid, donde "el 99 % de las interrupciones voluntarias del embarazo siguen derivándose a clínicas privadas", ha añadido.
El Ministerio de Sanidad activó los mecanismos legales previstos para garantizar que la ley se cumpla, ha subrayado Mónica García. "Y eso es lo que explica la reciente resolución judicial que obliga a la Comunidad de Madrid a iniciar los trámites para crear su registro".
"En España las leyes no se aplican según las preferencias personales de cada quién"
La titular de Sanidad ha afeado a la presidenta madrileña por decir que es su empeño personal no aplicar ese registro cuando en realidad "el empeño personal de esta ministra es otro, ha reivindicado: "hacer cumplir la ley y garantizar los derechos de las mujeres".
"En España las leyes no se aplican según las preferencias personales de cada quién. Se cumplen. Punto. Y las resoluciones judiciales, exactamente igual, se acatan", ha reforzado la ministra de Sanidad.
En los próximos días el Ministerio enviará una carta a todas las comunidades autónomas solicitando información detallada sobre cómo están organizando esta prestación "para conocer qué centros con servicios de ginecología y obstetricia realizan interrupciones voluntarias del embarazo, cuál es la distribución de profesionales objetores y qué medidas de gestión están adoptando para garantizar que el servicio se presta de forma efectiva", ha detallado.
