Koldo impugna ante el Constitucional el juicio avalado por el Supremo por el caso mascarillas
Koldo García recurre al Constitucional para frenar su juicio por el caso mascarillas, alegando vulneración de derechos fundamentales
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El exasesor ministerial Koldo García ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Tribunal Supremo que avala el inicio del juicio por el caso de las mascarillas, previsto para el próximo 7 de abril, solicitando además que la causa sea derivada a la Audiencia Nacional.
En el recurso, la defensa —encabezada por la abogada Leticia de la Hoz— sostiene que se han vulnerado derechos fundamentales, como el derecho a la tutela judicial efectiva, al juez predeterminado por la ley y a la prueba pertinente, argumentos que ya fueron rechazados previamente por el Supremo.
Uno de los puntos clave es que, según la defensa, el Supremo habría perdido la competencia tras la renuncia al acta de diputado de José Luis Ábalos, lo que implicaría la ausencia de aforamiento. Además, acusa al alto tribunal de priorizar los plazos sobre los derechos fundamentales.
Denuncias de indefensión y cuestionamiento de pruebas
La defensa denuncia una situación de “indefensión a ciegas”, al afrontar el juicio sin haber podido analizar en profundidad las pruebas tecnológicas que sustentan la acusación. En este sentido, reclama acceso completo a los datos originales de los teléfonos analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Según el recurso, la interpretación de los mensajes por parte de la UCO sería “sesgada y descontextualizada”, lo que impediría a la defensa reconstruir correctamente los hechos y cuestionar las conclusiones policiales. También se plantea la posible vulneración de la cadena de custodia digital.
El escrito pone el foco en el origen de la investigación, sugiriendo que pudo iniciarse sin autorización previa del Congreso cuando Ábalos aún era aforado, lo que, de confirmarse, supondría una grave irregularidad constitucional.
Además, la defensa sostiene que el caso se apoya en un supuesto “pacto opaco” con el empresario Víctor de Aldama, quien habría reconocido los hechos a cambio de beneficios penales.
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama, mientras que las acusaciones populares elevan estas peticiones, intensificando la presión judicial sobre los implicados.
