PP y Vox pactan gobernar en Extremadura: los españoles primeros, el principio de prioridad nacional que podría chocar con la ley de Extranjería
El principio de prioridad nacional establece los españoles tendrán preferencia a la hora de acceder a una vivienda protegida y a ayudas sociales
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El pacto de Gobierno entre el PP, de Guardiola en Extremadura con Vox ya ha levantado las primeras críticas que lo califican de "racista" por el polémico principio de 'los españoles primeros'. Han sido tres meses de negociación e intercambio de descalificaciones, entre ambas formaciones para finalmente ponerse de acuerdo. La cuestión, sin embargo, es si algunas de las medidas pactadas va más allá de Extremadura y chocan con la Ley de Extranjería.
El rechazo inicial de María Guardiola a vincularse a la formación ultra por su tratamiento a las mujeres y a los inmigrantes ha quedado atrás en el tiempo. Este vuelco de los populares se interpreta en clave nacional, como una estrategia que pueda acercar a Feijoo los apoyos de Santiago Abascal, en caso de que gane las Generales, pero necesite los votos ultras para gobernar.
Ni siquiera en las filas del PP hay consenso sobre este pacto y la propia presidenta de la Comunidad de Madrid ha puesto en duda su legalidad. Lo cierto es que el principio de prioridad nacional podría contradecir la ley 4/2000, más conocida como ley de extranjería. Algunas de sus propuestas chocan con esa ley que el PP y Vox podrían cambiar si gobiernan en España vía Congreso de los Diputados.
El principio de prioridad nacional, un criterio que recuerda al 'American First' de Trump
Entre las medidas acordadas por la popular María Guardiola y Óscar Fernández, de Vox, que podrían chocar con la ley de extranjería están en el establecimiento del principio de prioridad nacional, un criterio que recuerda al 'American First' de Trump, en Estados Unidos.
En clave nacional sería para priorizar a los españoles a la hora de acceder a una vivienda protegida, el acceso a ayudas sociales y subvenciones. Donde quieren que se centre la prioridad en los que llaman nacionales.
El profesor José Manuel Vera Santos, catedrático de Derecho Constitucional en la URJC, considera que "no se advierte ninguna tacha de inconstitucionalidad", porque el acuerdo asegura que lo hará "adecuado a la legalidad vigente", por lo que si el documento choca con la ley de Extranjería "se instará a modificarla en caso de que gobiernen.
Lo primero que van a hacer, prometen en el documento firmado por PP y Vox es endurecer los requisitos para que los inmigrantes irregulares no se puedan empadronar y sin padrón no podrán hacer, prácticamente, ningún trámite.
Mauricio Valiente, Director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es más crítico y considera que lo que ha hecho el Partido Popular es "contentar a un electorado que han radicalizado" y que a la larga solo llevará "más crispación social".
Las medidas más polémicas del acuerdo entre PP y Vox: reducción de las subvenciones a sindicatos y ONG
También establece la reducción de un 50% de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y otras entidades, así como a las agencias de cooperación internacional de ayuda al desarrollo.
El acuerdo prevé que la Junta de Extremadura "se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad".
También a trabajar "activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen" y prometen que "no se habilitará ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes.
Entre otra de las medidas está la prohibición del uso del burka y nicab en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos, "por ser incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia".
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