El impulso del Gobierno a que los presos preventivos puedan participar en la regularización incendia más el proceso

Muchos ayuntamientos gobernados por los populares critican el proceso de regularización de inmigrantes, dicen que lleva a un colapso. El Gobierno dice que muchos no colaboran por directrices políticas. Los populares también atacan la publicación de una circular en las cárceles españolas informando a los reclusos de que pueden participar en el proceso. Sindicatos policiales advierten de que puede paralizar órdenes de expulsión y alertan de que el 85% de los casos suelen acabar en condenas.

La discordia está en el certificado de vulnerabilidad. El Ayuntamiento de Valencia en la boca de su alcaldesa María José Catalá, pone las dudas encima de la mesa. "Hemos oído a la ministra decir que cualquier persona irregular es vulnerable. Esto es una chapuza". Los funcionarios no dan abasto en Vigo, en Ferrol o en Almería. "Estamos saturados y desbordados por esta avalancha". También en oficinas de Correos.

Quejas de la oposición y los sindicatos de prisiones

Misma queja la de los sindicatos de prisiones que por primera vez en una regularizacion tiene que informar, y facilitar la documentación a la mayor brevedad posible a la poblacion extranjera. Son 22.000, pero en la práctica, la opciones de regularizarse se reducen a los casi 4.000 que no tienen antecedentes penales y están en prisión preventiva.

Para Interior estar en este situación no significa ser un amenaza para la seguridad hasta que otro informe policial lo diga. El PP se sorprende por "la urgencia en querer regularizar delincuentes". Y pone en cuestión la decisión porque considera que los presos preventivos han entrado en prisión precisamente por razones que entroncan con uno de los requisitos de la regularización "no ser un amenaza para el orden público".

Mientras, la policía alerta de que el proceso paraliza la orden de expulsión administrativa, porque sobre todo en multirreincidentes se intenta ejecutar cuando salen sin necesidad de esperar al juicio. "Pasamos de un modelo que prioriza ejecutar a otro que pretende tramitar", señalan Ana María Alarcón, del Sindicato Unificado de Policía.

Los funcionarios de prisiones se quejan de que parte de los trámites recaen en ellos porque no solo hay que informar sino dar apoyo linguístico y facilitar la documentación a la mayor brevedad indica el documento que también les obliga a registrar las resoluciones dictadas.

Marlaska: "He dicho que ninguna persona con antecedentes penales va a ser regularizado"

En este contexto, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que "Instituciones Penitenciarias" ha cumplido al emitir una orden que pide a prisiones que informen a los migrantes presos del proceso extraordinario de regularización. En este sentido, ha asegurado que también cumplirán el resto de autoridades que van a intervenir en el procedimiento de regularización. "Van a cumplir evidentemente con sus obligaciones y de acuerdo a lo que viene recogido en el Real Decreto", ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En relación a la posibilidad de que los migrantes presos preventivos sin antecedentes puedan regularizarse, el titular de Interior se ha limitado a afirmar: "He dicho que ninguna persona con antecedentes penales va a ser regularizado. Evidentemente, los presos condenados tienen antecedentes penales. También hay gente en libertad, después de cumplir pena, que sigue teniendo antecedentes penales, con lo cual tampoco son susceptibles de regularización. Hay presos preventivos que pueden tener antecedentes penales, por hechos por los que han sido condenados anteriormente y que todavía estén vivos. Tampoco tienen opción alguna a ser regularizados porque requisito imprescindible es carecer de antecedentes penales. El resto de personas susceptibles de regularización en todo el ámbito van a ser sometidos a una valoración en términos de si cada una de ellas suponen un riesgo para la seguridad nacional, seguridad pública u orden público que va a realizar la Policía Nacional. Desde luego, ese informe es sustancial a la hora de determinación del derecho o no a la residencia".

Igualmente, Marlaska ha recalcado que aquel que no tenga antecedentes penales, "todo su historial va a ser estudiado y valorado", entre otras cuestiones, "por si supone o no un riesgo". En cuanto a estos informes, que le correponde a la Policía, se ha mostrado "muy seguro y convencido" de que estos van a ser "absolutamente procedentes, oportunos".

La comunicación de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social del organismo dependiente del Ministerio del Interior y que ha suscitado la polémica establece que se "garantice una adecuada información a la población interna extranjera y, en su caso, facilitar copia de la documentación que pudiera constar a la administración penitenciaria.

De esta forma, se insta a informar a la población interna extranjera de la existencia del Real Decreto 316/2026 de 14 de abril mediante la difusión en los tablones de anuncios, bibliotecas o escuelas, "determinando el profesional del equipo técnico que tendrán como referencia a estos efectos". Prisiones añade que, en caso de que sea necesario, se deberá dar apoyo lingüístico y que "toda la información que requiera la persona solicitante sea facilitada a la mayor brevedad". Asimismo, se ordena que haya un registro y anotación en el expediente personal tanto si consta esta documentación como si no existiera total o parcialmente, al objeto de contabilizar todas las solicitudes de regularización.