Inmigración

El Gobierno pide al Supremo que no paralice la regularización de inmigrantes que "afecta directamente" a las "personas extranjeras interesadas"

El Gobierno pide al Supremo no paralizar la regularización extraordinaria de migrantes. E.P / Archivo
  • El proceso de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno ha sido recurrido por varias administraciones autonómicas

  • El Tribunal Supremo celebrará el próximo miércoles 13 de mayo cinco vistas en las que estudiará las medidas cautelares solicitadas

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El Gobierno ha argumentado ante el Tribunal Supremo que suspender de forma cautelar la regularización extraordinaria de migrantes que ha impulsado supondría una "afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general". El proceso de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno ha sido recurrido por varias administraciones autonómicas, como la Comunidad de Madrid, y entidades como 'Hazte Oír'.

El Tribunal Supremo celebrará el próximo miércoles 13 de mayo cinco vistas en las que estudiará las medidas cautelares solicitadas por el gobierno regional de Isabel Díaz-Ayuso, Vox, 'Hazte Oír', la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia, para suspender cautelarmente la regularización mientras se resuelven sus recursos.

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Personas en "situación de vacío legal"

La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, considera que la "suspensión de la norma dejaría sin efecto útil a la misma, dañando gravemente el interés general, así como adelantando los efectos de una eventual sentencia que estimara las pretensiones de la parte actora".

Lo dice en un escrito presentado ante el Supremo relativo al recurso de Hazte Oír, en el que solicita además su inadmisión "por falta de legitimación de la recurrente" o, subsidiariamente, se rechace. 

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"Existe una afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general, ya que estas personas quedarían en una situación de vacío legal a la espera de que se resolviera el recurso interpuesto", sostiene.

La Abogacía del Estado arguye que la justificación de Hazte Oír "se construye exclusivamente sobre la enumeración de fines estatuarios de carácter amplio y genérico", tales como los "valores constitucionales, familia o legalidad", así como "consideraciones abstractas sobre el impacto de la norma en la política migratoria".

Así, manifiesta que "no se identifica qué beneficio real y propio obtendría la asociación con la eventual anulación del real decreto", ni tampoco "qué perjuicio cierto y específico se le evitaría".

"El Tribunal Supremo ha subrayado que no vale como razón legitimadora el mero interés abstracto en defensa de la legalidad ni su encaje implícito en una supuesta acción popular inexistente en el ámbito del artículo", añade.