El juez de la trama Plus Ultra apunta a un plan de negocio vinculado al petróleo y al oro

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama apunta a la existencia de un posible "plan de negocio relacionado con el petróleo y sus derivados" y operaciones de compraventa de oro de la trama Plus Ultra, investigada en el caso en el que ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Así lo refleja el auto del juez por el que el pasado 3 de marzo asumió la competencia de la Audiencia Nacional para investigar esta causa de la que se inhibió el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid tras acordar la detención, entre otros, del expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola y de Julio Martínez Martínez, considerado presunto testaferro de Zapatero.

La investigación del juzgado de Madrid evidenció la existencia de una presunta organización criminal de carácter transnacional, a través de la cual se transformaban, ocultaban e integraban en el sistema financiero internacional fondos obtenidos en prácticas ilícitas. Gracias a la documentación obtenida en los registros, que incluyen agendas, facturas y correos, se ha ampliado la investigación.

En el auto de Calama se exponen, por ejemplo, las anotaciones de una agenda de color negro con la serigrafía 'Plus Ultra, Líneas Aéreas', intervenida en uno de los registros, relacionadas con la compraventa de oro y con el epígrafe “Bandes debe estar disimulado”, "siendo Bandes el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, banco estatal", indica.

"Un plan de negocios relacionado con el petróleo y sus derivados"

Aparecen además anotaciones relativas a porcentajes en una hoja denominada "temas de interés"”, que refleja "lo que pudiera corresponder con un plan de negocio relacionado con el petróleo y sus derivados" junto al porcentaje 10 % "en color rojo y entre paréntesis".

 En otras anotaciones se identifican referencias a altos cargos del estado venezolano (ministro de desarrollo minero económico de Venezuela, viceministro de seguimiento y control de desarrollo eco-minero) o a empresas estatales (como CVM, PDVSA, CVG) "directamente vinculadas a actividades de extracción de recursos naturales del país como son carbón, gas, petróleo, oro o níquel".

El juez señala que, según lo denunciado en 2024 por la Fiscalía Anticorrupción, la planificación de los hechos investigados se inicia en torno al mes de marzo de 2020 para lograr la obtención del préstamo a Plus Ultra.

Actuaban de manera coordinada y siguiendo pautas comunes

Para ello se activa "una línea de contactos a nivel gubernamental y otra a un nivel influyente menos expuesto públicamente, que pone de manifiesto la existencia de una organización criminal de carácter transnacional, estructurada de forma estable y con reparto de funciones". La finalidad principal es el blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas cometidas tanto en territorio nacional como en el extranjero.

Los investigados, actuando de manera coordinada y siguiendo pautas comunes, habrían intervenido en la captación, transferencia, conversión y ocultación de dichos fondos, según la argumentación del juez. Delitos que habrían tenido lugar en Venezuela y otros países, lo que avala la competencia de la Audiencia Nacional en estos hechos.

El sumario incluye un informe de la UDEF con la información recibida de Francia y de Suiza, países que se dirigieron a España tras comprobar que varias de las personas que estaban investigando por blanqueo de fondos públicos venezolanos malversados y tráfico de oro residen y tienen importantes inversiones en nuestro país.

Así, la UDEF consideró que había "indicios suficientes" para investigar la actividad llevada a cabo en España por las personas apuntadas: Luis Felipe y Enrique Martín Baca; Gabriela Puente Garaboa, Danilo Alfonso Díazgranados, Marie Caroline Boyer (mujer de Luis Felipe Baca) y Simon Verhoeven.

La vinculación con Venezuela

Según los investigadores franceses, una trama de sociedades ofrecía servicios financieros a personas consideradas sospechosas, vinculadas al gobierno venezolano. Entre los clientes se encuentra por ejemplo Gilberto Morales, venezolano nacionalizado en España en 2019 y que ha comprado en el país una vivienda de 1,7 millones de euros a través de una sociedad panameña.

La UDEF destaca que también el FBI ha consultado a España sobre Morales por su posible participación en esquemas de corrupción de fondos públicos venezolanos procedentes de los programas estatales de distribución de alimentos subvencionados.

Además del blanqueo, las autoridades francesas y suizas apuntan a la venta de oro del Banco venezolano a través de la sociedad de Emiratos Árabes llamada Noor Capital PSC, utilizando sociedades interpuestas con cuentas bancarias radicadas en Suiza, actividades sobre las que también ha aportado información EE.UU. Los investigadores implican a Luis Felipe Baca junto a Gilberto Morales en un negocio para enviar oro utilizando un avión privado desde Turquía.

Un caso de corrupción que implica a Venzuela

También relacionan a Baca y Verhoeven, con importantes inversiones inmobiliarias en Palma de Mallorca, con el venezolano Rodolfo Reyes, en trámites de conseguir la nacionalidad española y que como teléfono de contacto en España aportaba la línea fija de Plus Ultra. De hecho, controlaba el 56,8 % de la aereolínea a través de la sociedad Snip Aviation. Reyes actuaría como “cliente” de la organización.

En las investigaciones suizas se vincula a Verhoeven con otros casos de corrupción que implican a Venezuela, se señala a la petrolera estatal PDVSA y se hace mención al rescate de la compañía Plus Ultra "a través de sociedades y cuentas bancarias radicadas en Suiza". En la documentación del auto judicial consta la referencia a un chat de WhatsApp entre el abogado Miguel Palomero y Danilo Alfonso Diazgranados con conversaciones que evidencian la existencia de una cadena de favores que permiten inferir la comisión de delitos de tráfico de influencias relacionados con funcionarios públicos.

También se hace alusión a otras conversaciones sobre el tránsito aeroportuario relacionadas con un mando policial, a regalos a personas que ostentan posiciones de poder y habrían prestado algún favor o servicio a Díazgranados, y otras que permiten deducir la comisión de un delito de corrupción en los negocios a través de contactos de alto nivel.