La AN envía a juicio a Granados y otras 40 personas por presunta corrupción en contratos de suelo público y transportes
Anticorrupción pide 42 años de cárcel para el exconsejero, 17 para el empresario David Marjaliza y 15 para Javier López Madrid
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El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha acordado enviar a juicio al exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados y a otras 40 personas por presuntas irregularidades en adjudicaciones de suelo público y contratos de transporte en la Comunidad de Madrid.
Entre los acusados figuran también los empresarios Javier López Madrid y David Marjaliza, considerados piezas clave dentro de la supuesta trama investigada en el marco del conocido caso Púnica.
Anticorrupción pide 42 años de cárcel para Granados
La causa se centra en presuntas adjudicaciones fraudulentas vinculadas a la empresa pública Arpegio y a contratos de infraestructuras gestionados por la entidad pública Mintra.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para Granados una pena de 42 años de prisión, mientras que para David Marjaliza reclama 17 años y nueve meses y para Javier López Madrid pide 15 años de cárcel.
Además, el Ministerio Público reclama que varios acusados indemnicen conjuntamente a la Comunidad de Madrid por los gastos derivados de regalos y cestas de Navidad sufragadas presuntamente con dinero público.
Las obras públicas bajo sospecha
El que fuera instructor del caso, el ya jubilado juez Manuel García Castellón, señaló en su momento varias obras bajo sospecha, entre ellas el tramo 1C de MetroSur, el tramo 1A de Metro Norte y la nueva línea de Metro Ligero de Boadilla.
Según el magistrado, la supuesta trama permitía manipular los pliegos técnicos y los criterios de adjudicación para favorecer a determinadas empresas vinculadas al entorno de Marjaliza y Granados.
El auto judicial sostiene además que los funcionarios implicados tenían capacidad para modificar precios, ampliar contratos y alterar plazos de ejecución para beneficiar a los adjudicatarios elegidos previamente.
El papel de Esperanza Aguirre
La resolución judicial también recoge que la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre apartó a Granados de Transportes en 2004 tras las quejas de algunos proveedores por el peso que tenían las empresas vinculadas al círculo de Marjaliza en las adjudicaciones públicas.
Sin embargo, poco después Granados pasó a controlar la empresa pública Arpegio desde la Consejería de Presidencia, ampliando de nuevo su influencia sobre adjudicaciones urbanísticas y contratos de obra civil.
El juez considera que Granados y Marjaliza se concertaron presuntamente para favorecer a empresas vinculadas al constructor en el proyecto urbanístico Ciudad Jardín de Arroyomolinos, donde se proyectaron más de 3.950 viviendas, muchas de ellas protegidas.
Según la investigación, algunos contratos de compraventa se firmaron antes incluso de que el consejo de administración de Arpegio aprobara oficialmente las adjudicaciones.
Regalos, safaris y un millón de euros
La investigación también atribuye a Granados y a su esposa, María Nieves Alarcón, el uso de fondos públicos para costear regalos y cestas navideñas destinadas a familiares, amigos y personas de su entorno cercano.
El magistrado sostiene además que Granados recibió durante años presuntas comisiones en especie de David Marjaliza, entre ellas un piso en Barcelona, viajes a Ibiza, hoteles de lujo, cruceros, cacerías, safaris, relojes y un maletín con cerca de un millón de euros hallado en casa de sus suegros.
García Castellón consideró que los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y falsedad documental.
