El PP acusa al Gobierno de impulsar una "ingeniería electoral" con la Ley de Nietos y la regularización de inmigrantes para ampliar el censo

El Partido Popular ha endurecido su discurso contra el Gobierno al acusarle de llevar a cabo una "ingeniería electoral" mediante la Ley de Nietos y la futura regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular. Según el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ambas medidas responderían a un intento de incrementar el número de potenciales votantes en un corto espacio de tiempo.

Durante su intervención, Feijóo aseguró que "hay una ingeniería electoral que consiste en, en un espacio muy corto de tiempo, en un año, año y medio, incrementar en dos millones y medio el número de personas con derecho a voto". El presidente del PP sostiene que el Ejecutivo pretende alterar el censo electoral para obtener un beneficio político en futuras citas con las urnas.

La Ley de Nietos, en el centro de las críticas

Buena parte de las críticas del Partido Popular se dirigen a la conocida como Ley de Nietos, una de las medidas incluidas en la Ley de Memoria Democrática que facilita el acceso a la nacionalidad española a los descendientes de españoles emigrados o exiliados.

Feijóo cuestionó abiertamente el objetivo de esta medida y lanzó una de las frases más contundentes de su intervención: "Como con los votantes actuales no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas". Desde el PP también ponen el foco en el procedimiento de inscripción de esos nuevos ciudadanos españoles. Los populares sostienen que el sistema debe garantizar la máxima transparencia y rechazan cualquier posibilidad de que exista discrecionalidad en la asignación del censo electoral.

En este sentido, argumentan que el Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria en función de dónde necesite más votos para obtener un escaño adicional.

El Gobierno rechaza las acusaciones

El Ejecutivo ha respondido con dureza a las declaraciones del líder popular. Desde el Gobierno califican esas acusaciones de "racismo, miedo y desinformación" y consideran que resultan especialmente graves al proceder del principal partido de la oposición.

Además, recuerdan que no es el Gobierno quien decide dónde queda inscrito cada nuevo ciudadano, sino que la provincia viene determinada por la vinculación familiar del solicitante con España, conforme a la normativa vigente. Según los datos facilitados por el Ejecutivo, alrededor de 2,5 millones de descendientes de españoles han solicitado acogerse a esta vía para obtener la nacionalidad desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. De ellos, cientos de miles ya han sido inscritos dentro de este procedimiento.

Las declaraciones de Feijóo se producen en un contexto de creciente confrontación política sobre las políticas migratorias y de nacionalidad impulsadas por el Gobierno, un debate que también ha sido alimentado por Vox. Su líder, Santiago Abascal, lleva meses denunciando lo que considera una utilización política de la inmigración y ha llegado a afirmar que "hoy en España hay un loco al volante, un loco peligroso", en referencia al presidente del Gobierno.

Con este nuevo frente, el Partido Popular sitúa la ampliación del censo y las políticas de nacionalidad como uno de los ejes de su crítica al Ejecutivo, mientras el Gobierno insiste en que se trata de medidas de reparación histórica y de reconocimiento de derechos, desligadas de cualquier cálculo electoral.