Las mafias tratan de sacar migrantes de Ceuta a la Península: más de 100 ya han consegudo pasar
Desde el jueves más de 100 migrantes han conseguido pasar a la Península desde Ceuta.
Marruecos exige ahora a España la repatriación de sus menores no acompañados de Ceuta
La Guardia Civil vigila las aguas de la ciudad autónoma. No es para menos. Las mafias tratan de sacar a migrantes hacia la Península. Ha sido un fin de semana en el que ha habido mucho movimiento de embarcaciones tratando de transportar migrantes.
Lo hacen en motos de agua, yates, barcos de recreao y narcolanchas aprovechando que el mar está en calma. Desde el jueves más de 100 migrantes han conseguido pasar a la Península, porque perseguir a las mafias no es fácil. Ya no les captan a través de los teléfonos, sino en las calles de los barrios de Ceuta.
Miedo a otro asalto a Ceuta
Las autoridades también vigilan, con los militares, policía y guardia civil sin vacaciones, a expensas de saber si habrá un nuevo asalto a Ceuta y la fecha. Puede ser en cualquier momento porque lo van a hacer de manera sorpresiva.
Son medidas "temporales extraordinarias" que ha aplicado para garantizar la seguridad en las dos ciudades autónomas, especialmente tras la crisis migratoria que provocó la llegada de más de 80.000 migrantes desde Marruecos.
En una orden firmada por el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas justifica que la situación operativa derivada del "incremento de la presión migratoria irregular registrada" en Ceuta y Melilla, así como la necesidad de "garantizar la adecuada prestación del servicio, el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la vigilancia de la frontera exterior del Estado", aconsejan la "adopción de determinadas medidas extraordinarias y temporales de gestión del personal".
No obstante, este refuerzo operativo "se ve mermado en estos momentos, de forma significativa, por el disfrute de vacaciones en periodo estival y permisos de asuntos particulares", por lo que, atendiendo a la Orden General número 1/2016, de 22 de enero, la aplicación de los mismos "debe compatibilizarse con las necesidades del servicio y con la obligación de asegurar, en todo momento, la capacidad operativa de las unidades".
La orden de la Guardia Civil también se ampara en el artículo 20 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, que "establece que, en caso de alteración grave de la seguridad ciudadana, emergencia grave, situación de urgente riesgo o calamidad pública, los guardias civiles se presentarán en su dependencia de destino o en la más próxima y se pondrán a disposición inmediata de las autoridades correspondientes".
Ante esta situación, "y dadas las condiciones de seguridad que han de garantizarse en las dos ciudades autónomas", desde la Guardia Civil "se considera necesario adoptar medidas temporales extraordinarias en materia de vacaciones, permisos y licencias para garantizar la adecuada cobertura de los servicios en las Comandancias de Ceuta y Melilla".
Asimismo, "y hasta nueva orden por parte de la superioridad, no se concederán vacaciones, permisos ni licencias al personal comprendido en el ámbito de aplicación definido en el párrafo anterior". No obstante, la Guardia Civil aclara que esta limitación "no afectará a las vacaciones, permisos o licencias cuyo disfrute hubiera sido previamente autorizado con anterioridad a la emisión de la presente" orden.
Fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han señalado que coinciden con el "diagnóstico" de la situación sobre Ceuta y Melilla, aunque discrepan con la solución pues, según han denunciado, la orden, que no cuestionan, "no incorpora un solo efectivo" a las ciudades. "Se limita a exprimir la disponibilidad de los que ya estaban desbordados", han subrayado.
Desde la asociación también han indicado que el Ministerio del Interior "suspende derechos a dos comandancias enteras" y reconoce "negro sobre blanco" que "hay un problema de seguridad pública de primer orden". Dicho esto, han reclamado que las medidas temporales y excepcionales se aborden con "un plazo determinado con revisión cada quince días", que "no se pierda ni un solo día de los suspendidos y que los servicios extraordinarios se compensen económicamente en serio".