Según Bravo, aunque en el derecho comparado se contempla la posibilidad de la libertad vigilada, esa medida es de "difícil justificación" en nuestro sistema, y su aplicación presenta muchas dificultades para conciliarla con el régimen de tercer grado penitenciario o con la libertad condicional.
El informe del CGPJ argumenta que esta medida establece un sistema restrictivo de derechos y critica que se base como presupuesto en una responsabilidad dilatada en el tiempo, ya que la libertad vigilada se aplicaría a los delincuentes reincidentes una vez cumplida la pena.
Otra de las críticas del informe se refiere al tratamiento previsto para los delitos contra la libertad sexual, la prostitución y la corrupción de menores, en los que se prevé un aumento de las condenas, las cuales según el CGPJ no son acordes con el principio de proporcionalidad.
En concreto, se cuestiona que la violación de un menor de trece años se castigue con penas de entre doce y quince años de prisión y el homicidio de un menor de trece años, con entre diez y quince años de cárcel.
Bravo ha indicado que, aunque los delitos contra la libertad sexual de los menores son muy graves, las condenas previstas, en comparación con las de los delitos contra la vida, no son acordes con el respeto a la proporcionalidad de las penas.
Además, el Poder Judicial propone que los delitos penales se consideren supuestos agravados cuando afecten a menores de trece años, incluida esa edad.
El informe del CGPJ sí informa de forma favorable sobre la "imprescriptibilidad" de los delitos de terrorismo, ya que entiende que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, es una opción de política criminal por la que puede optar el legislador.
En este punto, no obstante, ha presentado un voto particular la vocal Margarita Uría, nombrada a propuesta del PNV.
El CGPJ también censura la ampliación del plazo de prescripción para delitos contra la Hacienda Pública que se contempla en la reforma del Ejecutivo, ya que considera que no es una medida proporcionada con la entidad de los delitos.
Para la portavoz del Consejo "aumentar el plazo de prescripción perjudicaría al sistema económico de nuestro país porque a las empresas las dejaríamos en un limbo de inseguridad jurídica".