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La lista crece por momentos. Ante el empeoramiento de la pandemia, cada vez son más las comunidades autónomas que solicitan el endurecimiento de las medidas contempladas en el actual estado de alarma, vigente hasta el nueve de mayo. Las que no piden el confinamiento domiciliario, reclaman al menos la posibilidad de extender el toque de queda más allá de los límites que plantea el decreto. Castilla León, Castilla-La Mancha, Asturias, Murcia, País Vasco, Andalucía, Canarias, Cantabria, Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana protagonizan (de momento) el nuevo pulso con el Gobierno. Todas piden dar un paso más ante la virulencia de la tercera ola.
Esta semana es clave. La solución llegará en apenas 24 horas. O al menos esa es la pretensión del Gobierno, que ha empezado ya a sondear a los gobiernos autónomos para intentar cerrar un acuerdo en el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles. Los ministros que llevan el asunto -IIla, Darias- no se cierran a un endurecimiento de las restricciones, pero intentan conseguir que si hay cambios sean coordinados y cuenten con todas las garantías jurídicas. Además, y no es cuestión menor, al Ejecutivo le interesa garantizarse los votos necesarios antes de retocar el decreto (con el consiguiente recorte de derechos que puede suponer) y someterlo a la aprobación del Congreso.
El tira y afloja se arrastra ya desde hace días. Algunas comunidades se han limitado a reclamar medidas más duras. “No tiene otra opción”, “es de sentido común”, ha dicho el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. “Es razonable”, apunta el presidente gallego, Núñez Feijóo. “Beneficioso”, ha comentado el consejero de Sanidad cántabro, Miguel Rodríguez.
Otras, las han llevado hasta el límite de lo posible, como Castilla- La Mancha que ha adelantado el toque de queda a las 22:00, ha cerrado perimetralmente sus provincias y ha recortado al máximo la hostelería y el comercio no esencial. Su presidente, Emiliano García Page, está por la labor del endurecimiento, pero espera luz verde del Gobierno: “Me gustaría que fuera un acuerdo de carácter general para toda España".
El caso extremo, hasta ahora, ha sido el de Castilla y León, que ha puesto el toque de queda sin esperar a nadie a las 20:00 horas, abriendo un contencioso legal con el Gobierno central. Los servicios jurídicos regionales avalan la decisión entendiendo que tienen margen para ello, pero no opina así el ejecutivo que recurrió ese adelanto. El horario que propone la Junta “no está amparado por el actual decreto”, ha dicho Illa. La norma dice que el toque de queda será de 23:00 a 06:00, aunque cada comunidad puede adelantar o atrasar una hora ese horario de referencia.
En todo caso, el Gobierno en el recurso no reclama medidas cautelarísimas, que supondrían la suspensión inmediata de la orden de Castilla y León. Se limita a pedir medidas cautelares, que en la práctica pueden posponer la decisión del Supremo hasta después de que acabe el plazo de aplicación. Esto da una idea de que el Gobierno no lo hace tanto por estar en contra de la medida, si no para evitar problemas legales. Como ha dicho Illa: “No hay cerrazón, el Gobierno va a escuchar”.
De hcho, preguntado este lunes qué haría él si viviera en Salamanca, el ministro de Sanidad respondió: “Lo que esta dictado por la autoridad sanitaria de Castilla y León tiene que respetarse”. Hasta que falle el Supremo, se entiende.
La cuestión es que a la espera del miércoles, la bola de nieve se ha hecho cada vez más grande. Comunidades de todas las latitudes y de todos los colores quieren más herramientas para poder aplicar en sus territorios medidas más duras, adaptadas a sus respectivas situaciones epidemiológicas.
Lo del toque de queda es una petición casi unánime, lo del confinamiento domiciliario al estilo de marzo es menos clamoroso, y una opción a la que el Gobierno se sigue negando por el momento. Sanidad considera que “con la actual estrategia se puede doblegar la tercera ola”.
En todo caso, el decreto reúne cada vez más papeletas para que se tenga que modificar. Eso implica que tiene que volver de nuevo al Congreso y a la negociación. En principio, se podría pensar que sin problema porque los dos grandes partidos acumulan un buen número de comunidades que lo están pidiendo. Ahora bien, el Partido Popular –Génova en concreto- no anticipa que vaya a apoyar una modificación del decreto si así se plantea, pese a lo que relaman sus barones.
“El PP apoyó hasta los 40.000 muertos. Perdón por hablar así. Tres veces votó a favor. A la cuarta nos abstuvimos sabiendo que saldría seguro y dando quince días para modificar dos artículos. ¡Y no lo han hecho!”, ha dicho Casado.
Para validar un decreto de este tipo a Sánchez le vale con una mayoría simple. Más síes que noes. Por lo que no necesita el voto a favor del PP si consigue reunir los apoyos de sus socios y de Ciudadanos, que ha votado a favor de todas las prórrogas. El clamor entre las comunidades hace más complicado negarse que votar a favor.
El actual decreto, el que está en vigor hasta el nueve de mayo, tuvo 194 votos a favor. De los dos partidos del Gobierno, Ciudadanos, ERC, el PNV y otros partidos minoritarios. Tuvo 53 votos en contra (Vox y Foro Asturias). El PP se abstuvo.
El impacto de la tercera ola y el previsible cambio de escenario lo que sí obligaría al Gobierno es a abrir una nueva negociación. Y a Sánchez a someterse a un nuevo debate parlamentario, con la gestión de la pandemia y las vacunaciones de nuevo en boca de todos. Todo ello después de haber creído que tenía el camino despejado hasta mayo con las medidas incluidas en el decreto vigente. En opinión de muchos, de cada vez más, se han quedado cortas.