Es el enésimo giro en el propósito del Gobierno por sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos: para la tantas veces anunciada exhumación, el Ejecutivo admite que precisa la autorización de la comunidad benedictina que custodia la Basílica para acceder al lugar de culto a proceder con el desenterramiento; o bien, en su lugar, el beneplácito de la autoridad judicial competente, que es el Tribunal Supremo.
La circunstancia, no obstante, no impide al Ejecutivo acordar la exhumación, como ha hecho en el acuerdo aprobado el viernes pasado por el Consejo de Ministros, si bien conduce "a posponer a la fase de ejecución del acuerdo la habilitación correspondiente para la entrada en el referido lugar de culto de acuerdo con el ordenamiento jurídico, a partir del alcance expuesto a la inviolabilidad del mismo".
Así lo recoge el acuerdo aprobado, en el que se da un plazo de 15 días a la familia y que sea "viable", esto es, que no plantee problemas de seguridad y de orden público como, se produciría en el caso de La Almudena, según defiende el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
De este modo, y pese a que el Gobierno, –ya inmerso de lleno en la preparación de la campaña electoral para las elecciones que se han visto obligados a anticipar al 28 de abril tras el ‘no’ a los Presupuestos–, se afanó a través de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a anunciar que el acuerdo para la exhumación era el paso decisivo para ejecutarlo, lo cierto es que aún queda camino por recorrer en ese procedimiento.
A este respecto, el Gobierno admite que la inviolabilidad del lugar de culto prevista en los acuerdos firmados por el Estado con las distintas confesiones provoca un efecto, que no es otro que el de "la necesidad de requerir la autorización eclesiástica o de la confesión respectiva para acceder al lugar de culto y dar cumplimiento de una disposición legal".
"En ningún caso –explica el Gobierno en respuesta a las alegaciones de la abadía de los benedictinos– se ha cuestionado este efecto, y precisamente por ello se ha requerido la correspondiente autorización a la comunidad benedictina a cuyo cargo se encuentra la Basílica del Valle de los Caídos".
El problema al que se enfrentan es que hasta el momento, ese permiso o autorización no llega.
En cualquier caso, el Gobierno recuerda que esta inviolabilidad no se puede entender como que los lugares de culto estén al margen de la intervención de la autoridad civil, sino que ésta, de producirse, deberá ser de acuerdo a la legalidad vigente.
Lo que esto quiere decir es que, si el permiso de los benedictinos continúa sin llegar, el Consejo de Ministros, según establece el propio acuerdo, podrá decidir "los actos que resulten necesarios" para ejecutar la exhumación, "incluyendo los relacionados con el acceso a lugares de culto según la normativa vigente".
Pero estos actos, como cualquier decisión del Consejo de Ministros, pueden ser recurridos por las partes ante el Tribunal Supremo por la vía contenciosa administrativa.