La Fiscalía pide al Supremo mantener las órdenes de detención contra Puigdemont y suspender su inmunidad

  • Contra el expresidente catalán y el exconsejero Toni Comín, ambos fugados en Bélgica

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido al juez instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, que mantenga las órdenes nacionales e internacionales de detención y la declaración de rebeldía contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín, fugados en Bélgica.

El Ministerio Público, sobre las medidas cautelares, solicita que el magistrado Llarena se dirija al Parlamento Europeo "a la mayor brevedad posible" con el fin de "salvaguardar los fines del proceso penal" que se mantiene contra ambos por presuntos delitos de sedición y malversación.

Los cuatro fiscales que firman el documento piden poner en conocimiento de Bruselas el procedimiento para solicitar la suspensión de la inmunidad de Puigdemont y Comín.

El Ministerio Público, en un documento de 10 páginas, también reclama al magistrado que comunique de forma inmediata a las autoridades judiciales belgas todo el procedimiento para que deje sin efecto los plazos para la resolución de la entrega de los dos independentistas catalanes hasta que la Eurocámara decida sobre la petición de la suspensión de inmunidad.

La Fiscalía recuerda que tanto Puigdemont como Comín fueron procesados el 21 de marzo de 2018, cuando permanecían ya huidos en Bélgica y que tras presentarse a las últimas elecciones al Parlamento Europeo obtuvieron acta de diputados.

Sobre la inmunidad parlamentaria

En el documento, el Ministerio Fiscal, subraya que que la inmunidad parlamentaria ha de entenderse para garantizar el buen funcionamiento de la institución y la independencia de sus miembros, pero en ningún caso como un "privilegio personal del diputado".

Puigdemont y Comín se presentaron a las elecciones al Parlamento Europeo y resultaron elegidos cuando ya habían sido procesados y declarados en situación de rebeldía -huidos de la justicia- "por lo que eran plenamente conscientes de las limitaciones que comportaba su situación procesal en el efectivo ejercicio de sus derechos políticos", argumentan los fiscales del Supremo.