El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska se ha puesto duro. Primero con la inmigraciónEl ministro ha reconocido que el Gobierno recurrió a un acuerdo bilateral con Marruecos que apenas se había aplicado desde su firma en 1992, con el fin de "lanzar un mensaje claro a las organizaciones criminales que trafican con personas".
El mensaje, ha dicho el ministro, "es que la migración ordenada, segura y legal es posible y deseable, pero no la ilegal y violenta. No vamos a permitir la inmigración violenta que supone una amenaza a la seguridad". y ha justificado su devolución —"en caliente" según varias ONG— en que entraron de manera organizada haciendo uso de violencia: "Utilizando radiales, mazas, cizallas, piedras y palos, exhibiendo cócteles molotov y lanzallamas, lanzando botellas con cal viva, excrementos y orines".
Grande-Marlaska ha defendido su política migratoria y la del Gobierno basada en "seguridad y humanidad", para concretar después que "humanidad no es permisividad". En cuanto a la presión migratoria que sufre España, el ministro del Interior ha reconocido que la ruta migratoria occidental por el Estrecho ha sufrido un incremento del 125% de entradas irregulares (marítimas y terrestres) respecto de 2017. Grande-Marlaska ha concretado que en 2018 han entrado en España, hasta el pasado 24 de agosto, 31.800 inmigrantes de manera irregular, 17.000 más que un año atrás. Sobre este flujo mayor ha dicho que era "una situación extraordinaria, pero previsible" porque ya había aumentado un 170% el año anterior (2017), en parte debido a las dificultades que los migrantes encuentran en las otras dos rutas principales hacia Europa, la central (por Libia a Italia) y la balcánica (por Turquía hacia Grecia).
Tacha al PP de inyectar odio
El ministro también ha insistido en el Congreso que habrá acercamientos de presos de ETA tras un "estudio individualizado" y de acuerdo a la Ley penitenciaria, y ha acusado al PP de "inyectar odio" en la sociedad al utilizar esta cuestión para desgastar al Gobierno. "Mi lealtad con las víctimas es férrea, no permitiré críticas falsas ni que se utilicen a las víctimas por interés político", ha asegurado.
Grande-Marlaska ha comparecido en la Comisión de Interior del Congreso a petición propia tras las críticas del PP por los acercamientos de dos reclusos este verano. En este sentido, ha recordado que se trasladó desde Asturias a Basauri, en Bizkaia, a los presos de ETA Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, cumpliendo con lo aprobado por Instituciones Penitenciarias cuando gobernaba Mariano Rajoy.
Por ello, ha reclamado "lealtad al Estado" en lo referente a la política penitenciaria. "Las víctimas no van a permitir que se mienta en relación a su situación. Exijo responsabilidad, coherencia y lealtad", ha insistido el ministro. Según ha apuntado, "no se puede criticar algo que defendieron algunos con tanto ahínco", citando declaraciones realizadas en el pasado por dirigentes del PP, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, partidarios de poner fin a la dispersión si ETA desaparecía. "Flaco favor hacen inyectando odio", ha dicho.
Fernando Grande-Marlaska ha defendido que los traslados no son propiamente beneficios penitenciarios en lo referente a la progresión de grados, que es lo que exige, de acuerdo a la Ley, condiciones previas como el rechazo al terrorismo, el pago de las deudas o la colaboración con la justicia.
"El Estado nada le debe a ETA", ha sostenido, citando a su "amiga" Marimar Blanco, diputada del PP y presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, que en su turno de palabra ha cuestionado la política penitenciaria. El ministro ha recordado que 203 de los 233 reclusos de ETA que cumplen condena en cárceles españolas lo hacen en primer grado, el régimen cerrado.
El PP y Ciudadanos, sin embargo, han mantenido que sí ha habido un cambio y lo achacan a un "pago por los votos" nacionalistas para que Pedro Sánchez fuera investido como presidente del Gobierno. "El PP será garantía de que la humillación a las víctimas no se produzca", ha defendido Marimar Blanco, que ha preguntado al ministro si comparte la tesis del Gobierno Vasco de que se deben acercar también a los presos "más duros".
La diputada popular ha reconocido que el traslado de reclusos de la banda es legal, pero "no obligatorio". "La Ley no exige acercar a terroristas y va contra la memoria de las víctimas", ha enfatizado. También ha defendido que con el Gobierno de Mariano Rajoy no hubo "ningún acercamiento" y ahora, con el de Pedro Sánchez, sí se han llevado a cabo.
Miguel Gutiérrez, diputado de Ciudadanos, ha acusado a Marlaska de "premiar" a los internos de ETA. "Está más preocupado por los derechos de los terroristas que por los de sus víctimas", ha afirmado. Al igual que el PP, ha recordado que fue el presidente Pedro Sánchez que el anunció un cambio en la política penitenciaria y quien dijo a la prensa que serían acercados los reclusos enfermos o mayores de 70 años.
"Dejen de premiar a la banda terrorista, consigan que colaboren con la Justicia, persigan al centenar de etarras huidos, que yo sé que el Ministerio del Interior sabe perfectamente dónde están. Este Gobierno no hace nada", ha pedido Gutiérrez.
ETA ha desaparecido
El PNV ha sostenido que "el primero que utilizó la lucha contra ETA como arma arrojadiza" fue el PP, y que ahora siguen haciéndolo cuando critican el fin de la dispersión o la Ley vasca de abusos policiales por las denuncias de torturas en la lucha antiterrorista.
"Está clarísimo. El Gobierno cambia de política porque ETA ha desaparecido y no va a volver", ha aseverado el diputado Mikel Legarda. Además, ha pedido al Ejecutivo que rebaje las exigencias porque "la reubicación de un recluso en el lugar más cercano a su anclaje familiar es un derecho".
Precisamente, la Ley de abusos policiales del País Vasco ha sido objeto de crítica del PP y de Ciudadanos, al entender que ayuda a "blanquear" el pasado de ETA. Tras congratularse del fin de la banda, el portavoz de Unidos Podemos, Rafael Mayoral, ha advertido: "Denunciaremos todas las violaciones producidas durante la existencia de ETA".
Marian Beitialarrangoitia, diputada de EH Bildu, ha destacado que el cumplimiento de la ley penitenciaria exigiría que más de un centenar de presos de ETA fueran excarcelados de manera inmediata. Además, ha criticado que se mantenga el primer grado, el más estricto, para la mayoría de reclusos de la banda, y ha comparado esta situación con la de Iñaki Urdangarín, clasificado en segundo "en tiempo récord".