La misiva, con fecha del 28 de agosto, se realiza tras a una carta que el conseller Buch remitió al ministro en la que le respondía a su petición de abordar la convivencia en los espacios públicos de Cataluña en la Junta de Seguridad asegurando que la "competencia" de seguridad es "exclusiva" de los Mossos d'Esquadra.
Buch le pidió en esa carta "eventuales responsabilidades" de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado presuntamente involucrados en agresiones a independentistas.
Y es que la convivencia en Cataluña, entre personas a favor y en contra del independentismo, se ha visto recrudecido en las últimas fechas con una guerra de símbolos en las calles. Por eso, el titular del Interior insiste en su ofrecimiento del 23 de agosto de celebrar una Junta de Seguridad entre los días 3 y 7 de septiembre. De hecho, dice que "queda exclusivamente pendiente" de que la Generalitat le comunique el día para la cumbre bilateral.
En su escrito, el ministro se muestra convencido de que Gobierno y Generalitat llegarán "a un acuerdo en beneficio del conjunto de la ciudadanía catalana" dentro de la "cooperación institucional". Eso sí, evita pronunciarse en concreto sobre esos problemas de convivencia generados en torno a la colocación de lazos amarillos y la retirada de este tipo de simbología de personas contrarias a la independencia de Cataluña.
Para Grande-Marlaska el punto 1 de la Junta de Seguridad debe ser el "análisis general de la seguridad pública en Cataluña: Convivencia en el espacio público, índice de criminalidad, apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en circunstancias extraordinarias y certificación de efectivos".
En concreto, Grande-Marlaska, como jurista y remitiéndose a la Constitución, cita en su carta el artículo 149.1.29, que dice que "el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias": seguridad pública sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías de las Comunidades Autónomas.
Dichas policías, a su vez, se regulan según lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986 que contempla, entre otras disposiciones, que los Mossos "velen por el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones del Estado y garanticen el funcionamiento de los servicios públicos esenciales".
Está por ver si finalmente esa reunión bilateral se celebrará entre los días 3 y 7 de septiembre, tal y como pretende el titular de Interior, y si, de producirse así, se aborda y se hace un análisis general de la seguridad pública en Cataluña. "Quedo pendiente exclusivamente", cierra la carta Grande-Marlaska, "de que se fije la fecha dentro de las solicitadas y agradezco las facilidades para que podamos llegar a un acuerdo, interesando nos proponga alguna concreta y cerrar nuestras recíprocas agendas".