Aparici ha asegurado ante el juez que él es "político" y no "técnico" y que no recibió ningún informe que indicase que "hubiera algún problema" en el vertedero del Garrut cuando él era alcalde de La Vall d'Uixó.
El ex alcalde, actualmente responsable del área de Medio Ambiente de la Diputación, se ha sentado en el banquillo de los acusados junto con otros tres imputados: los entonces concejales Alfonso López y Enrique Segarra y el responsable de la mercantil que supuestamente vertía las sustancias, Marcelino Carretero.
La Fiscalía pide para Aparici dos años de prisión y ocho de inhabilitación por un delito de prevaricación medioambiental, y una multa de 18.000 euros por un delito de depósito de residuos tóxicos o cinco años de prisión por un delito contra los recursos naturales, mientras que su abogado reclama la libre absolución.
Aparici ha sostenido que la mercantil Marcelino Carretero S.A "hacía las funciones según el contrato que tenía" con el Ayuntamiento, que eran "recoger el residuo, llevarlo al vertedero, y controlarlo", y ha añadido que cree que "trataba bien" los residuos depositados en esa zona.
Sobre cómo cumplía el Ayuntamiento la función de controlar el vertedero, ha respondido que se hacía a través de técnicos cuya "obligación es informar cuando hay alguna anomalía" y ha dicho que cree recordar que había "una persona allí que controlaba quién entraba o no al vertedero", algo que un perito ha rebatido después.
No obstante, ha reconocido que tras recibir un expediente sancionador de la Confederación Hidrográfica del Júcar en 1998 supo que había que hacer "una actuación, pero nada fuera de lo normal", ya que, ha dicho, le habían comentado que era "bastante normal" que un vertedero "pueda humear y provocar pequeños incendios internos".
Por ello, en el año 1999 el Ayuntamiento concertó los servicios de Secolem S.A para que "acotara" el vertedero y resolviese "las cuestiones más urgentes", porque la "intención" del equipo de Gobierno era "la clausura" de la instalación, ha indicado.
Por su parte, el ex concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó Alfonso López ha asegurado ante el juez durante el interrogatorio del fiscal que él "nunca" tuvo reuniones para el control del vertedero.
Tras el interrogatorio de los acusados, dos guardias fluviales, uno de los cuales denunció el estado del vertedero ante la Confederación Hidrográfica del Júcar dado que estaba "invadiendo" el cauce del río Belcaire, han asegurado que en el lugar "había colchones, pinturas, lodos" y varios tipos de residuos, así como "lixiviados" procedentes de esas basuras.
La perito que analizó las sustancias recogidas en la zona del vertedero en 2002 -en 1999 se elaboraron otros análisis- ha asegurado que encontró "trazas de contaminantes pero no en concentraciones que la norma dicta como tóxicas".