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Nueve años después de la tragedia, el próximo miércoles, 5 de octubre, se inicia en Santiago de Compostela (A Coruña) uno de los juicios más esperados de los últimos años: el del accidente del tren Alvia que descarriló en Angrois el 24 de julio de 2013. Un siniestro en el que murieron 80 personas y otras 144 resultaron heridas.
Será un macrojuicio con cifras nunca vistas en la historia judicial gallega, sobre todo por el enorme número de letrados personados en el procedimiento, más de un centenar, y por la gran cantidad de testigos y peritos que declararán, más de 600. Una circunstancia que hace inviable que el juicio pueda celebrarse en los juzgados compostelanos.
Un edificio de la Ciudad de la Cultura de Santiago, el Centro de Innovación Cultural (CINC), se convertirá en un gran palacio de justicia durante los próximos nueve meses que durará el juicio. La Xunta ha habilitado allí más de 1.000 metros cuadrados de salas, que ya están preparadas para albergar el evento.
La sala de vistas será la más grande utilizada nunca en la historia de Galicia. Superará en metros cuadrados a la que albergó en A Coruña la causa del Prestige en el año 2012.
Estas son las cifras más destacadas de un juicio que se prolongará hasta el verano de 2023.
La instrucción de la causa se cerró con dos únicos acusados: el maquinista del tren, Francisco José Garzón Amo, que circulaba con un exceso de velocidad (191 kilómetros en una curva limitada a 80); y el director de seguridad en la circulación de ADIF en el momento en el que se puso en funcionamiento la línea, Andrés Cortabitarte, responsable de velar por la seguridad de la vía y de que se hiciese un adecuado control de riesgo.
Se les imputan 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, 145 de lesiones por imprudencia grave profesional y un delito de daños. Sus declaraciones están previstas entre los días 5 y 7 de octubre (aunque se han reservado los días 13, 14, 19 y 21 por si hubiera que extender sus comparecencias).
La Fiscalía solicita para cada uno de los acusados cuatro años de cárcel. Además, demanda que el maquinista sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo que dure la condena y que el otro acusado sea inhabilitado, durante el mismo período, para el ejercicio de cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad de infraestructuras ferroviarias.
El juicio comenzará el próximo miércoles, 5 de octubre de 2022, y está previsto que se prolongue alrededor de nueve meses, hasta cerca del mes de julio de 2023.
La práctica de la acción penal se desarrollará entre el 5 de octubre de 2022 y el 10 de febrero de 2023. El inicio de la práctica de la acción civil está señalado para el 14 de febrero de 2023.
El juicio del Prestige, el único que se podría comparar a este proceso, duró algo más de ocho meses.
Habrá 446 personas perjudicadas agrupadas en 154 acusaciones, asistidas por 110 letrados y representadas por 47 procuradores. Hay además otros 53 perjudicados que no están representados por abogado y procurador, por lo que la acusación la ejercerá el Ministerio Fiscal.
El juzgado ha admitido las declaraciones de 522 testigos, 21 testigos/peritos y 126 peritos. Declararán una media de 15 testigos al día y 3 testigos/peritos por sesión.
Las declaraciones de los testigos están previstas a partir del día 25 de octubre y, entre ellos, hay policías, vecinos de Angrois y empleados y cargos de Renfe y ADIF. Los peritos comparecerán a partir del 24 de noviembre.
La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 57.686.635,93 euros.
Las personas y entidades contra las que se dirige la acción civil dentro del proceso penal son: QBE (aseguradora de Renfe); Allianz Global Corporate & Speciality (aseguradora de ADIF); Renfe Operadora; ADIF; el maquinista del tren y el director de seguridad en la circulación de ADIF en el momento de los hechos.
De la instrucción de la causa se ocuparon los magistrados Luis Aláez, quien la inició y continuó con ella hasta junio del 2014; y Andrés Lago Louro, quien la asumió desde julio de 2014 hasta su finalización, en diciembre de 2021.
La magistrada María Elena Fernández Currás, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela, será la responsable de la celebración del juicio oral y de dictar sentencia.
El proceso judicial tendrá como escenario el Centro de Innovación Cultural (edificio CINC) de la Ciudad de la Cultura. Allí se ha destinado un espacio total de 1.058 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, para la celebración del evento.
En la planta baja se sitúa la sala del público (122 metros cuadrados), la sala de prensa (181 metros) y la sala de togas y la cafetería (75 metros).
En la primera planta están las oficinas judiciales para la jueza y la fiscalía (172 metros) y la sala de vistas. Esta contará con 508 metros cuadrados, lo que hará que sea más grande que la habilitada para el juicio del Prestige (de unos 450 metros).
La Xunta ha tenido que destinar un presupuesto de 931.753 euros para hacer frente a la celebración de este juicio (el del Prestige fuera de 1,4 millones). Esa inversión abarca desde trabajos de carpintería para construir el estrado del tribunal y las mesas de todos los intervinientes y, también, para dotar al espacio de los medios tecnológicos necesarios y de un sistema de seguridad y limpieza.
Alrededor de una treintena de medios de comunicación se han acreditado para seguir desde el Centro de Innovación Cultural (edificio CINC) el desarrollo de este juicio.