Desesperadas y sin respuestas, las familias de la escuela infantil Galiña Azul de O Castiñeiriño en Santiago de Compostela alzan la voz ante la Valedora do Pobo. Han presentado dos escritos a María Dolores Fernández denunciando la “situación límite” que viven en el centro: recortes de horario, falta de personal de apoyo para niños con necesidades especiales y una gestión que, según las familias, roza la “improvisación”. Tras meses sin respuestas de la Xunta, han decidido recurrir a la institución que vela por los derechos ciudadanos.

La Asociación de Familias del Alumnado (AFA) alerta de que la decisión del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar de interrumpir el servicio educativo en varios días del curso supone un golpe a la conciliación de las familias y una medida que, aseguran, se basa “en una interpretación dudosa de la normativa vigente”.

En total, se interrumpirá el servicio durante 21,5 horas este semestre y afectará a los días 31 de enero, 28 de marzo, 2 de mayo y 26 de junio. En estas fechas en las que el centro reducirá o suspenderá completamente su horario, el personal realizará tareas de programación y reuniones, explica el centro.

Aunque, según recoge la normativa oficial, la recogida temprana solo está contemplada en los casos de fiestas previstas en la programación anual que requieran la participación del personal, y en ningún momento se autoriza el cierre total del servicio. Para la AFA, se trata de una “falta de previsión en la gestión y una gran improvisación que lleva consigo consecuencias para las familias en cuanto a conciliación”.

Por otro lado, la AFA considera que la falta de apoyo y refuerzos ante la presencia en el centro de niños con necesidades educativas especiales, está llevando a situaciones límite diarias. Denuncian mordiscos y golpes entre el alumnado frecuentes que “interfieren en el transcurso de un ambiente tranquilo y de bienestar para los demás niños del grupo”.

Ante este panorama, han presentado varios escritos a la Conselleria y el Consorcio. Y dada la evasión de respuestas o la alusión a que las ratios “son suficientes”, los padres han elevado el caso a la Valedora do Pobo porque sienten un abandono institucional frente a la realidad que se vive en el día a día.

Según detallan, “no se trata de una cuestión cuantitativa sino de valorar las necesidades concretas y la atención que requieren, para que los menores estén bien atendidos y no se llegue a estas situaciones”.

Esta situación provoca, además, reiteradas bajas laborales y según las familias, las educadoras están “desbordadas” debido a que la responsabilidad recae exclusivamente sobre ellas. Como apoyo, los padres solicitan “una educadora o cuidadora a mayores para acompañar al grupo en el grueso de la jornada y así dar mejor respuesta a las necesidades presentes y proporcionar los recursos y medios precisos en beneficio de todo el grupo”.

En el escrito se puede leer que este problema ya existía el anterior curso, pero decidieron actuar desde la "prudencia y comprensión". Sin embargo, ante el aumento de los mordiscos y las medidas insuficientes, elevan esta denuncia para exigir una “atención educativa de calidad” que no “interfiera en el bienestar del grupo”.

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