El drama de la última ganadera de la comarca de Vigo tras la muerte de sus 170 cabritos: "Nos quieren echar de aquí"

Varios cabritos de la ganadería Cuatro Pinos
Ganadería Cuatro Pinos. Cedida
  • Diana Pino denuncia que el cierre total de su parcela dejó a los animales a la intemperie, causando graves pérdidas económicas y daños en el ganado

  • El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma que solo dos establos podían ser precintados

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VigoDiana Pino, la única mujer ganadera de la comarca de Vigo, vive una auténtica pesadilla. Desde que su marido asumió la explotación en enero de 2024, más de 170 cabritos han muerto en el monte de Baiona, sin posibilidad de recibir atención ni cuidados básicos, mientras el ganado pasta libre sin control y sin acceso a la finca. “Quiero que nos dejen trabajar y cuidar a los animales como se merecen”, reclama Diana, visiblemente afectada por la situación.

Todo comenzó en noviembre de 2024, cuando el Concello de Baiona decretó un precinto que bloqueaba toda la finca excepto la vivienda. Esta medida impidió a la ganadera realizar tareas esenciales: encerrar al ganado, controlar partos, administrar tratamientos y proteger a los animales en temporales. Según Diana, la clausura provocó daños económicos, conflictos vecinales y un deterioro evidente del bienestar animal.

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“Estamos generando problemas por no poder cerrar el ganado en la finca; no nos dejan usar las instalaciones para protegerlos”, explica. Durante casi un año, la explotación ha estado funcionando a medias, y el ganado ha quedado desprotegido, lo que ha llevado a la muerte de decenas de animales.

El fallo del Tribunal Superior de Galicia

La situación dio un giro con el fallo reciente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La Sala determinó que la antigua resolución municipal de 2007 solo permitía suspender la actividad en dos establos concretos, dejando fuera la vivienda, el corral y el resto de la finca. El tribunal subraya que no se puede ejecutar un cierre que exceda lo ordenado hace casi veinte años y desestima el recurso de los comuneros que pedían clausurar la finca completa.

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Para Diana y su asesor urbanístico, esta decisión confirma que la actuación municipal excedió claramente lo permitido, y que esa extralimitación es la causa directa del daño económico y sanitario sufrido en la explotación.

Diana en su gandería

Entre acoso y esperanza

Mientras espera que se levante el precinto, Diana denuncia episodios de vigilancia y acoso: “Han contratado un detective para ver qué hago en mi vida. Sufro visitas constantes a la puerta de mi casa”, afirma. La ganadera ya ha solicitado el desprecinto de la finca y no descarta reclamar por la vía penal al Concello por lucro cesante y daños y perjuicios.

La ganadera se siente abatida ante la muerte de su ganado y denuncia lo desprotegido que se encuentra el rural: "Nos quieren echar de aquí, no tenemos ningún apoyo institucional, lo que está en peligro de extinción es el ganado, es el ganadero. Es muy difícil ver como se te mueren los animales por culpa de una administración, nos sentimos indefensos y abandonados.

Por ahora, el ganado sigue pastando a la intemperie, y el bienestar animal permanece comprometido. Desde el Concello, el alcalde Jesús Vázquez Almuiña defiende que el precinto se ejecutó siguiendo una orden judicial, y que siempre se respetó el acceso a la vivienda. “Fueron los comuneros quienes pidieron ampliar el precinto”, añade.

Por su parte, los comuneros muestran su apoyo a la ganadera y culpan al presidente de la Comunidad de Montes: "No fueron los comuneros, fue él que hace y deshace sin decir nada. Siempre nos ha complicado la vida, no nos ha dado ayudas que nos pertenecen, nos ha ocultado información, incluso nos ha cerrado las puertas de los locales de la comunidad de montes cuando íbamos con un grupo de personas con discapacidad. Además, sabemos que ha contratado un detective para vigilar a Diana y no nos ha pedido permiso para gastarse el dinero en eso."

Para Diana Pino, el fallo del TSXG supone un rayo de esperanza tras casi dos décadas de conflicto. Su objetivo ahora es claro: volver a trabajar en condiciones normales y garantizar la protección de sus animales, un derecho que considera fundamental para mantener viva la ganadería en la comarca de Vigo.